La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha dado un paso importante en favor de los derechos de quienes cuidan a familiares dependientes. En la próxima sesión del pleno de las Cortes de Aragón, programada para el 16 de octubre de 2025, presentará una proposición no de ley enfocada en visibilizar y defender la labor de las personas cuidadoras, un tema que ha sido históricamente ignorado.

Un reciente estudio a nivel nacional, que encuestó a más de 1,000 familias, arroja cifras alarmantes: un 93.5% de los cuidadores son mujeres, y de ellas, el 81.4% son madres. Este dato pone de manifiesto la feminización de los cuidados y la falta de corresponsabilidad por parte de las instituciones. A su vez, un 70% de los hijos e hijas en situación de dependencia presentan un Grado III, lo que implica que requieren cuidados constantes y complejos, mientras que los recursos públicos siguen siendo escasos.

Lasobras ha señalado que "la carga del cuidado de personas con alta dependencia recae principalmente en las mujeres, lo que perpetúa una desigualdad estructural con serias repercusiones en lo personal, social y económico". Esta situación, que ha sido silenciada por mucho tiempo, exige una respuesta contundente de las autoridades para reconocer el papel fundamental de quienes sostienen el sistema de cuidados.

El estudio también destaca que el 73% de las personas dependientes son menores de 18 años, y un 20% son jóvenes de menos de 30 años. Esto lleva a muchas madres a tener que reducir o abandonar su trabajo para atender a sus familiares, afectando gravemente su salud y autonomía económica.

Ante esta problemática, CHA propone que las Cortes de Aragón insten al Gobierno regional a crear un marco que permita compatibilizar la prestación económica por cuidados familiares con el acceso a centros de día, asegurando que las familias cuidadoras no pierdan sus ayudas al hacer uso de recursos profesionales.

Además, se plantea la necesidad de establecer la opción de alojamiento temporal en residencias de referencia para usuarios de centros de día, cubriendo así situaciones inesperadas que surjan para las personas cuidadoras y garantizando una atención digna continua.

Por último, también se hace un llamado al Gobierno de España para que reconozca el trabajo de cuidado realizado por familiares como una actividad laboral, con derechos a remuneración y cotización a la Seguridad Social, incluso si la persona dependiente asiste a un centro de día.

Lasobras concluye afirmando que "las cuidadoras familiares son el pilar del bienestar colectivo, pero su labor sigue siendo reconocida desde la precariedad y la invisibilidad; es el momento de establecer un marco legal que valide su trabajo, garantice sus derechos y fomente la corresponsabilidad en el ámbito institucional".