El Gobierno de Aragón está a punto de culminar la firma de nuevos convenios para incrementar la asistencia a domicilio, destinados a personas dependientes en colaboración con comarcas y municipios. Según la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, las tarifas se elevarán de 20 y 21 euros a 25,7 y 26,7 euros por persona en zonas con atención dispersa, asegurando así una mejora en la calidad del servicio.

Durante su comparecencia en las Cortes de Aragón a instancias de PSOE e IU, Susín destacó las significativas mejoras implementadas en el sistema de atención a la dependencia en los últimos dos años, aunque también subrayó las limitaciones impuestas por el Gobierno central, que ha mantenido la financiación congelada, lo que añade presión sobre la asistencia en diversas comunidades. La consejera también mostró preocupación por las condiciones bajo las cuales operan otras regiones, a causa de las exigencias de algunos partidos independentistas.

Susín afirmó que se ha puesto fin al "topado" en el acceso a solicitudes, permitiendo que 41.000 aragoneses sean reconocidos como beneficiarios del sistema. Actualmente, solo se encuentran 120 personas en una situación incierta mientras que las listas de espera de más de seis meses son de las más bajas en el país.

Hasta la fecha, se han emitido más de 4.000 resoluciones de atención en el presente año, lo que indica una respuesta efectiva a la creciente demanda. A lo largo de este tiempo, se ha alcanzado a más de 47.900 personas, registrando un aumento del 10% en las prestaciones activas en comparación con el año pasado, siendo más del 40% de estas ayudas económicas que permiten a los beneficiarios permanecer en sus hogares.

En cuanto a los programas de atención individual, el 56% de los dependientes se benefician de ellos, con un tiempo medio de resolución de 152 días, que es inferior al promedio nacional. Esto refleja un esfuerzo por mejorar la respuesta a las necesidades de atención de la ciudadanía.

La consejera compartió que, en septiembre, se logró reducir la lista de espera a 4.900 solicitudes, una disminución notable del 30% desde marzo de 2022, con tan solo 704 personas en espera de más de seis meses, posicionando a Aragón como una de las comunidades con menores tiempos de espera.

En cuanto a las prestaciones, hizo hincapié en que se debe continuar avanzando, destacando que el programa para contar con cuidadores en casa ha tenido una buena acogida, con casi 700 familias participando. Además, se han implementado más de 10.000 prestaciones de teleasistencia y otros servicios vinculados a la misma.

Susín enfatizó que incrementar estas ayudas requiere un presupuesto adecuado. Indicó que las tarifas por plaza en residencias aumentarán en un 25%, y lamentó la situación precaria en que el gobierno anterior dejó las residencias comarcales.

La consejera también criticó la congelación de la financiación por parte del ministro Bustinduy y argumentó que existe una disparidad en la distribución de recursos entre comunidades, creando una “brecha” que desatiende a Aragón en comparación con lugares como Cataluña y el País Vasco, donde la financiación es más favorable.

Susín apeló al Gobierno español para que se forme un grupo de trabajo que aborde la escasez de personal en los centros asistenciales, enfatizando la necesidad de medidas efectivas en cuestiones de extranjería, educación y empleo para atraer trabajadores al sector.

En respuesta, Pilimar Zamora del PSOE destacó la necesidad de tener un equipo de trabajo estable que pueda garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos. Criticó las iniciativas del Gobierno actual por enfocarse en prestaciones de bajo coste, y recordó que el presidente regional, Jorge Azcón, había anunciado un aumento en los salarios por hora de atención sin destinar recursos a mejorar infraestructuras esenciales.

Zamora advirtió que bajo el mandato del PP, lo público se ha visto debilitado en favor de lo privado, denunciando que la falta de regulación sobre los asistentes personales y las prestaciones para residencias están entre las más bajas del país, reflejando una situación de incumplimiento de promesas y falta de acción efectiva.

Por su parte, Álvaro Sanz de IU mencionó que el actual modelo de asistencia basado en prestaciones es solo temporal, lo que subraya la necesidad de avanzar hacia un sistema público más robusto. Añadió que la ayuda media para cuidadores profesionales está por debajo de la media nacional, un hecho que socava el reconocimiento de este trabajo vital.

La diputada Silvia Casas del PP defendió que el sistema se ha mejorado notablemente desde que su partido llegó al gobierno. Elogió el incremento en el presupuesto destinado a dependencia, que supuestamente ha llevado a más prestaciones que nunca, aunque reconoció que aún queda margen para hacer mejoras.

Desde Vox, David Arranz sostuvo que la atención a la dependencia debe verse como una cuestión humana y no meramente estadística. Aunque reconoció los avances actuales, también destacó la creciente demanda de ayudas y la necesidad de una estructura sólida que prevenga acumulaciones de solicitudes y retrasos en el servicio.

Isabel Lasobras, de CHA, pidió una transformación del sistema de servicios sociales, sugiriendo medidas concretas como la vinculación de la plataforma de dependencia con Atención Primaria para optimizar recursos y procesos. Además, hizo un llamado a evitar la privatización encubierta de estos servicios esenciales.

Pilar Buj de Aragón-Teruel Existe enfocó su intervención en la importancia de considerar las realidades individuales de las personas dependientes, sugiriendo un enfoque más humano y directo en la prestación de servicios. Resaltó la importancia del servicio de comida a domicilio en Cuencas Mineras, instando al gobierno a atender las necesidades locales de manera más efectiva.