El 13 de octubre, se ha hecho público un comunicado del Gobierno de Aragón en el que se exige a Alejandro Nolasco, portavoz parlamentario de Vox, una mayor reflexión y responsabilidad en sus declaraciones. Además, han sugerido que considere un viaje a Marruecos y Argelia para explorar la posibilidad de establecer nuevos acuerdos de repatriación.

Esta intervención del Ejecutivo surge en respuesta a las recientes afirmaciones de Nolasco, quien expresó su disposición a asumir la gestión de las competencias migratorias en el Departamento de Bienestar Social, con la finalidad de asegurar convenios para la repatriación de menores extranjeros no acompañados. Este comentario fue una reacción a las palabras del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien retó a los miembros de Vox a involucrarse directamente y asumir las consecuencias de sus propuestas.

Desde el Gobierno aragonés, se ha apuntado que las declaraciones de Nolasco reflejan un desconocimiento profundo de la situación actual en el ámbito de las políticas migratorias y su legislación. Se ha enfatizado que la responsabilidad en los procesos de repatriación recae en el delegado del Gobierno, quien debe garantizar que se respeten los derechos de los menores involucrados y que estos sean oídos en cualquier procedimiento.

Además, se ha aclarado que tanto los menores como sus familias y países de origen pueden rechazar su repatriación, lo que convierte en aritméticamente inviable la propuesta de Vox, ya que, en la actualidad, Argelia y Marruecos han suspendido los acuerdos de devolución de menores; hechos que datan desde 2022 y 2017, respectivamente.

El Gobierno de Aragón ha refutado también las acusaciones de Nolasco sobre su relación con organizaciones como Cruz Roja, Accem y Cepaim, que fueron señaladas de colaborar en el tráfico de personas. Se ha explicado que las subvenciones que reciben estas entidades son resultado de un proceso competitivo y se destinan a diversas causas, como la atención a personas sin hogar, el apoyo a la pobreza infantil y la integración laboral.

Aunque hay acuerdos de acción concertada para gestionar centros de menores, es importante señalar que estos no están únicamente enfocados en migrantes. El Gobierno ha subrayado que la protección a la infancia va más allá de la simple categorización de menores migrantes no acompañados, un aspecto que Nolasco ha simplificado de manera equivocada.

Asimismo, el Ejecutivo ha recordado que los adultos migrantes, cuyo ingreso en la comunidad es gestionado por el Estado y ONG, se encuentran en programas de acogida humanitaria y protección internacional. Esto limita la capacidad de la Comunidad Autónoma para coordinar su ubicación y atención, lo cual ha generado importantes desafíos en la gestión del sinhogarismo.

El comunicado también resalta que la única competencia autonómica en relación a esta población es el acceso a la sanidad y la educación, que deben ser garantizados por ley, sin importar la situación de estos individuos. A su vez, se ha indicado que las comarcas y los ayuntamientos enfrentan retos sociales significativos sin el respaldo económico adecuado del Gobierno central.

En cuanto al reparto de menores, el Gobierno de Aragón argumenta que ya no se toman decisiones en las conferencias sectoriales debido a la anulación de un acuerdo previo por parte del Gobierno central, destacando que la nueva normativa busca beneficiar a ciertos socios políticos y que se están impugnando judicialmente todas las disposiciones relevantes.

Por otro lado, el Gobierno del PP ha hecho aclaraciones sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática, desmintiendo a Nolasco al afirmar que este asunto no fue una "imposición" durante su período juntos, enfatizando que fue una propuesta incluida en el congreso autonómico del partido, que a su vez contempla iniciativas para la recuperación de la memoria histórica, como la exhumación de fosas y la búsqueda de restos de represaliados de la Guerra Civil.