Aragón rechaza el decreto de universidades privadas por su impacto negativo en el desarrollo regional.

ZARAGOZA, 7 de octubre.

La consejera aragonesa de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha expresado su desacuerdo con el decreto que se debatirá en el Consejo de Ministros este martes. Este reglamento introduce nuevas condiciones para el establecimiento de universidades privadas, afectando a tres iniciativas en la comunidad, y ha advertido que esta normativa resulta perjudicial para el desarrollo de Aragón.

Pérez Forniés ha criticado las exigencias impuestas a las nuevas universidades privadas, como la obligación de tener al menos 4.500 estudiantes o la necesidad de demostrar solidez financiera. También cuestiona el requerimiento de un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), argumentando que estas condiciones alteran el marco regulatorio definido en 2021.

Asimismo, ha señalado que el decreto infringe las competencias de las comunidades autónomas al centralizar en el Estado el control sobre la creación de universidades en línea, exceptuando a Cataluña y el País Vasco, que han negociado sus propias condiciones, relacionadas con las lenguas cooficiales de sus territorios. “Parece que cualquier tema se convierte en herramienta de negociación para mantener a Sánchez en el poder”, ha criticado.

En relación a la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos y el requisito de que el 75% del profesorado de estas universidades en línea resida en España, la consejera argumenta que no están vinculados con la mejora de la calidad educativa ni investigadora.

Además, ha señalado que estas nuevas condiciones ignoran la especificidad de cada territorio, así como el problema de la despoblación. “Aragón se ve nuevamente en una situación de desigualdad”, ha añadido.

Pérez Forniés ha enfatizado la importancia de que el gobierno regional trabaje para retener el talento de los jóvenes aragoneses y atraer a nuevos estudiantes, dado que aproximadamente 1.500 de los 7.000 jóvenes que aprueban la selectividad abandonan la comunidad para continuar sus estudios en otras regiones.