ZARAGOZA, 3 de septiembre.

Este miércoles, el Gobierno de Aragón ha decidido iniciar un recurso contencioso-administrativo en contra del real decreto que regula la capacidad de acogida para menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas. La propuesta proviene de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y busca cuestionar un sistema que, según el Ejecutivo aragonés, no considera las realidades locales de cada región.

Durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Gobierno del nuevo curso político, la portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, manifestó que el mecanismo de distribución de estos menores atenta contra principios como la igualdad y la solidaridad, puesto que se impone de manera unilateral, sin considerar la preparación y capacidades de cada comunidad autónoma.

Vaquero resaltó que, lo más preocupante, es que esta situación pone en peligro el bienestar de los menores, ya que genera tensiones entre las diferentes autonomías. La portavoz calificó esta decisión como una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno central, que debería actuar con mayor cuidado y efectiva planificación.

Según la nueva normativa, Aragón podría recibir hasta 251 menores adicionales. Sin embargo, la portavoz aragonesa subrayó la falta de información sobre la llegada de estos niños, sus edades y circunstancias particulares, lo que genera una gran incertidumbre en la comunidad.

Afirmó que "Aragón no tiene la infraestructuras necesarias para ofrecer una acogida digna a 251 menores", lamentando también la escasa colaboración del Gobierno de España en esta gestiones ante la crisis migratoria actual.

Además, Vaquero explicó que existe una gran diversidad en las necesidades de estos menores: algunos podrían presentar problemas de conducta, otros podrían ser adolescentes de hasta 16 años, o incluso individuos con discapacidades. La falta de preparación para acoger a este grupo diverso genera aún más preocupación entre las autoridades locales y las entidades que se encargan de su cuidado.

Remarcó que este recurso legal está motivado por la imposición de medidas unilaterales que no consideran la capacidad real de las comunidades autónomas, generando así una creciente frustración y temor tanto en el Gobierno aragonés como en las organizaciones que trabajan en el cuidado de los menores.

Vaquero subrayó que el Gobierno de Aragón no busca desobedecer la ley, sino que se manifiesta en desacuerdo con un enfoque que prioriza intereses políticos sobre el bienestar de los menores, instando a un debate más profundo sobre la gestión de este fenómeno migratorio.

A pesar de estas dificultades, la Consejería de Bienestar Social y Familia continúa colaborando con organizaciones locales para garantizar una acogida digna a los menores que lleguen, aunque este esfuerzo se complica notablemente por la falta de respaldo y planificación por parte del gobierno central.

La portavoz hizo hincapié en la necesidad de una reflexión colectiva sobre el tipo de liderazgo que ejerce el actual Gobierno de España, que parece estar utilizando la situación de los menores migrantes como moneda de cambio en un contexto de crisis sin mostrar empatía ni dignidad.

En sus declaraciones, concluyó que el presidente Sánchez ha deshumanizado el problema, limitando a los menores a ser simples números en un esquema político, lo cual es profundamente lamentable.

Por otro lado, la vicepresidente también se opuso a la creación de macrocentros para albergar a los menores, considerando que eso no es una solución viable, ya que podría derivar en condiciones precarias y hacinamiento.

Además, enfatizó que el verdadero desafío no solo radica en encontrar un lugar adecuado para estos menores, sino también en la necesidad de contar con profesionales capacitados que puedan ofrecer atención y cuidado adecuados a cada uno de ellos.

Este reciente recurso se suma a otros contenciosos presentados anteriormente por el Gobierno de Aragón ante diversas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional, en un esfuerzo por confrontar la normativa que, según critican, ha fallado en su objetivo de abordar la crisis migratoria de una manera sensible y efectiva.