El Gobierno de Aragón ha dado un paso significativo hacia la modernización de su Administración Pública con la aprobación de un nuevo conjunto de criterios que revolucionan los procesos de selección para los opositores. Esta iniciativa, orientada a eliminar lo que se ha considerado "materias obsoletas", reducirá el peso de los exámenes orales, que a menudo se perciben como un obstáculo para los aspirantes. En su lugar, se priorizarán las pruebas escritas y prácticas que se alinean más eficazmente con las competencias requeridas en los puestos públicos.

La reforma ha sido oficializada a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA), marcando el inicio de una nueva era en la gestión del empleo público. Según el Ejecutivo regional, esta transformación no solo busca facilitar la participación de los candidatos, sino también mantener altos estándares de rigor y calidad en los procesos de selección.

En un esfuerzo por actualizar los contenidos formativos, se han actualizado los temarios y se han suprimido aquellas asignaturas que ya no son relevantes en el contexto administrativo actual. Temas esenciales como la digitalización, la igualdad y la prevención de riesgos laborales recibirán un enfoque prioritario, reflejando así las necesidades contemporáneas de la administración pública.

Los representantes del Gobierno han enfatizado que esta reducción de contenidos no debe confundirse con una disminución de la exigencia, sino que se trata de una laboriosa revisión hacia una mayor pertinencia y utilidad de lo que se evalúa. Los nuevos procesos de selección garantizarán que solo se considere lo que realmente aporta a las funciones públicas que deben desempeñar los aspirantes.

A partir de ahora, todos los exámenes que se realicen seguirán estas nuevas pautas de evaluación simplificada, las cuales están destinadas a optimizar tanto la claridad en la evaluación de conocimientos como las habilidades prácticas de los opositores. Un componente clave de este sistema es que se requerirá obtener al menos un 50% de la puntuación máxima en cada ejercicio; sin embargo, si el número de aprobados se queda corto frente a las plazas disponibles, aquellos que logren un 33% o más podrán ser considerados para completar las vacantes.

Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública han expresado su confianza en que este nuevo enfoque permitirá llevar a cabo una selección más eficaz e inclusiva, que identifique a los candidatos más capacitados para servir a la ciudadanía. Con estos cambios, Aragón apunta a construir un sistema más equitativo y funcional en su administración, adecuado a los retos del siglo XXI.