24h Aragón.

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Aragón evaluará la Ley de Atención a Pacientes de ELA, pero reprocha la falta de transparencia del Gobierno central.

Aragón evaluará la Ley de Atención a Pacientes de ELA, pero reprocha la falta de transparencia del Gobierno central.

ZARAGOZA, 23 de octubre.

Este jueves, el Gobierno de Aragón ha dejado claro su mensaje tras la reciente reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. A pesar de mostrar su disposición para examinar en profundidad el nuevo Real Decreto Ley que aborda la atención a los pacientes de ELA, el Ejecutivo aragonés ha criticado abiertamente al Gobierno central por su falta de transparencia y la ausencia de consultas con las comunidades autónomas en la elaboración de esta normativa.

Durante la sesión, fuentes del Gobierno aragonés señalaron que acudieron con una actitud receptiva y dispuestos a escuchar, pero expresaron su inquietud por el hecho de que solo se enteraron del contenido del decreto después de la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros.

“No se ha hecho el trabajo necesario con los afectados por ELA y sus familias, ni se ha contado con las comunidades autónomas, que son las responsables de poner en marcha estas iniciativas,” afirmaron con contundencia desde el Ejecutivo regional.

Además, subrayaron que la información sobre el decreto les fue proporcionada apenas 24 horas antes de la reunión, que fue convocada de forma apresurada. En este contexto, defendieron a través de videoconferencia que la ley no debe limitarse a ser un conjunto de grandes anuncios y que debe evitarse frustrar a los pacientes de ELA y a sus seres queridos. El Gobierno de Aragón se comprometió a esforzarse para garantizar que estos enfermos reciban atención con dignidad y calidad.

Asimismo, resaltaron su compromiso de supervisar la implementación de la ley en su comunidad, considerando que alrededor de 90 personas están diagnosticadas con esta enfermedad en Aragón. Por último, instaron al Gobierno central a permitir que las comunidades autónomas colaboren y contribuyan al desarrollo de esta normativa vital.