
El pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Zaragoza reportó una notable disminución en su deuda, que se ha reducido en un impresionante 33% desde 2019, pasando de 830 millones de euros a 434 millones en la actualidad. Sin embargo, es importante señalar que, aunque la cifra neta ha disminuido, el Banco de España requiere que se contabilicen otros 122 millones correspondientes a la amortización de la deuda del tranvía, que se suma a la carga financiera municipal. En contraste, la deuda del Gobierno de España ha crecido un 31%, pasando de 25.867 millones a 33.975 millones durante el mismo periodo.
Estas estadísticas ponen de relieve cómo la reducción de la deuda municipal ha impactado positivamente en la carga por habitante, que ahora se sitúa en 396 euros, con una disminución de 65 euros en el último año. Por el contrario, la deuda gubernamental ha aumentado su carga a 8.000 euros por habitante, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión fiscal a nivel nacional.
Si analizamos estos datos en relación con los recursos presupuestarios, se observa que la deuda representa solo el 3% del presupuesto municipal de Zaragoza, mientras que el Gobierno de España destina un alarmante 14% de su presupuesto a cubrir intereses de deuda. Esta disparidad es un indicador claro de las diferencias en la gestión financiera entre ambos niveles de gobierno.
Blanca Solans, consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, presentó estos datos en una reciente rueda de prensa, donde destacó que en los primeros seis meses del año la deuda se ha reducido en 12 millones de euros, situándose en los mencionados 434 millones. Si sumamos los 122 millones del tranvía, la cifra total asciende a 556 millones de euros.
Durante su intervención, Solans subrayó que la reducción de la deuda también ha conllevado una disminución en los intereses, lo que a su vez potencia la capacidad financiera del Ayuntamiento. Su objetivo es que los impuestos de los ciudadanos se traduzcan en inversiones y no en el pago de intereses. “El dinero de los contribuyentes debería volver a la comunidad en forma de mejoras y no ser consumido por deudas”, apuntó.
Además, la consejera reflexionó sobre la evolución de la deuda en el ámbito nacional, señalando que en 2019 cada español debía 25.867 euros, mientras que en 2025 esa cifra alcanzará los 33.975 euros, lo que implica un crecimiento del 31% en la carga por habitante. En cambio, en Zaragoza, la deuda se ha reducido de 1.200 euros a 804 euros por persona, lo que generó una comparación iluminadora: "Mientras la deuda general en España crece, la de Zaragoza disminuye”, apostilló.
Solans también invitó a una reflexión más profunda sobre la relación entre la recaudación estatal y la calidad de vida de los ciudadanos. Aseguró que un Gobierno que acumula deuda y se centra en una recaudación ambiciosa no necesariamente logra mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, sino que puede crear situaciones que frenen el progreso.
Finalmente, cuestionó la lógica detrás de la creciente recaudación fiscal, preguntándose: “Si el Estado recauda 10.000 millones más gracias a los impuestos, ¿dónde queda ese dinero si cada año pagamos más en intereses y la economía no mejora?” Este análisis concluye con un llamado a replantear estrategias que prioricen el bienestar ciudadano sobre la acumulación de deuda.
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