El 27 de agosto, en Zaragoza, un nuevo debate se ha abierto en las Cortes de Aragón en torno a la legislación ambiental. La formación política Vox ha presentado una propuesta de ley dirigida a revisar el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR), el cual fue instaurado como sustituto del antiguo Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Desde Vox califican este impuesto como "injusto" y "confiscatorio".

Carmen Rouco, diputada de Vox, ha sido la portavoz de esta crítica, enfatizando que el IMAR fue aprobado sin un consenso adecuado y lejos de alcanzar una verdadera unidad, pues según su opinión, el proceso estuvo dominado por el cuatripartito de izquierda y el PAR.

Este tributo se considera único en Aragón y se suma a un conjunto de cuatro impuestos ya existentes relacionados con el medio ambiente. Rouco argumenta que, bajo el actual sistema, no se reconoce la proporcionalidad entre el nivel de contaminación o consumo y el pago del impuesto, lo que, a su juicio, solo sirve para incrementar la presión fiscal en una comunidad que ya presenta tasas impositivas elevadas.

La diputada de Vox sostiene que el IMAR agrava la carga tributaria, especialmente para las familias numerosas, y critica la falta de consideración a las propuestas de la oposición. Asegura que la recaudación de este impuesto no se está destinando de manera efectiva a proyectos de saneamiento y depuración de aguas, lo que contradice su objetivo inicial.

Ante esta realidad, el grupo parlamentario de Vox plantea que es fundamental replantear esta legislación para incorporar las propuestas que no fueron discutidas en su momento. La nueva proposición busca aliviar las cargas para las familias, argumentando que aquellas con mayor número de miembros no deberían ser penalizadas por su consumo de agua.

Asimismo, la propuesta aboga por la eliminación de la responsabilidad solidaria de los propietarios de inmuebles en caso de ocupación ilegal o moras, señalando que estos dueños no tienen culpa en el consumo del agua. Otro aspecto destacado en la iniciativa es que la recaudación se destine exclusivamente a la mejora de infraestructuras de saneamiento y depuración.

Rouco añadió que la tarifa del impuesto debe ajustarse al costo real del servicio, y que la propuesta incluye nuevas exenciones para ciertos grupos, como hogares unipersonales o industrias con sus propios sistemas de depuración. Estos cambios se enmarcan dentro de un enfoque más justo y equitativo frente a la actual normativa fiscal.

La diputada mostró su convicción de que el Partido Popular respaldará esta reforma, recordando su histórica oposición a la ley vigente durante su tramitación. Sin embargo, advirtió que la falta de apoyo por parte del PP solo reforzaría una imagen de un partido que, en su gestión gubernamental, perpetúa políticas que no benefician a sus votantes.