El enfrentamiento entre las fuerzas políticas en Huesca ha tomado un giro significativo, ya que el portavoz de VOX en el Ayuntamiento, José Luis Rubió, junto al diputado autonómico David Arranz, han anunciado su intención de llevar a cabo acciones legales en respuesta a la decisión de la Alcaldía de retirar vallas publicitarias que contenían mensajes sobre inmigración, si no se restablecen de inmediato.

La denuncia se centra en un Decreto emitido por la Alcaldía el 30 de junio, que fue notificado a principios de julio y que da inicio a un expediente para la eliminación de dos vallas publicitarias ubicadas en la entrada de la ciudad. Los mensajes que se exhibían en estas vallas, como "Tu seguridad, nuestra prioridad" y "Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí", han sido objeto de controversia.

Rubió argumentó que el Decreto representa un ataque directo a la libertad de expresión y a los derechos políticos de aquellos que votaron por VOX, tildándolo de ideológico e injusto. La postura del partido es clara: consideran que la eliminación de sus vallas es un intento de silenciar opiniones legítimas que están protegidas por la Constitución Española.

Las alegaciones presentadas por VOX se estructuran en cinco puntos. En primer lugar, sostienen que la decisión de la Alcaldía infringe la libertad de expresión y el derecho a comunicar ideas políticas. Rubió defendió que los mensajes en las vallas representan opiniones legítimas, aunque pudieran ser controversiales.

Además, el partido expresa su preocupación por el incremento de la criminalidad en la región, citando datos oficiales que indican un aumento del 12,6% en delitos en Huesca entre 2023 y 2024. VOX critica que, en lugar de abordar el problema de la delincuencia, el Ayuntamiento se enfoque en la supresión de su mensaje, lo que consideran una respuesta inadecuada.

En otro apartado de las alegaciones, Rubió argumenta que la Alcaldía se está intrometiendo en un contrato privado, dado que las vallas fueron legalmente contratadas. Mencionó que se había establecido un acuerdo con una empresa que permite a VOX instalar publicidad en los próximos años, lo que refuerza su posición sobre la validez de su campaña publicitaria.

El portavoz ha denunciado que, a pesar de que no existía una orden oficial para retirar las vallas, la empresa lo hizo de forma unilateral tras una supuesta mediación con el Ayuntamiento, en un proceso que Rubió considera nada más que una falta de imparcialidad y transparencia, ya que VOX no fue invitado a participar en la discusión.

Además, ha manifestado que el Decreto carece de justificación y que no se han presentado pruebas que demuestren que sus mensajes sean discriminatorios. Según Rubió, es evidente que esta situación tiende a silenciar a VOX y a censurar su mensaje, un acto que, a su juicio, contradice los principios democráticos.

Por último, Rubió ha hecho un llamado a la defensa de sus derechos, advirtiendo que, si no se restablecen las vallas, no dudarán en llevar sus reclamos a los tribunales, incluidas acciones contra la empresa por incumplimiento de contrato. Subrayó que no permitirán que sus derechos sean encarcelados por motivos ideológicos ni que la censura se imponga sobre el debate público.

Por su parte, David Arranz también insistió en que las alegaciones son legales y basadas en el sentido común, apelando a la empresa a cumplir con el contrato establecido. Aseguró que la campaña de VOX es parte de una iniciativa nacional y enfatizó que no han enfrentado condenas en otras provincias por propuestas similares.

Arranz concluyó citando las preocupaciones sobre el aumento de delitos, señalando que las vallas reflejan un deseo de abordar un problema que afecta a la comunidad. La falta de menciones a violencia o discriminación en su mensaje también fue remarcada, destacando su enfoque en la legalidad y la necesidad de discusión política abierta, aunque otros partidos pudieran no estar de acuerdo.