El 27 de septiembre en Zaragoza, se ha dado un giro significativo en las negociaciones del convenio autonómico que afecta al sector de la protección y la reforma en Aragón, un ámbito que involucra a casi 600 profesionales que trabajan en centros de menores y recursos residenciales. Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han decidido poner fin a las conversaciones tras constatar la falta de compromisos por parte de las principales patronales y empresas del sector.

Organizaciones claves en Aragón, incluyendo Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles y YMCA, han sido señaladas por los sindicatos por su “desinterés absoluto” en el proceso de negociación. Por otro lado, entidades como Kairós y Fundación Ozanam ni siquiera están representadas en ninguna patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y emplear a aproximadamente 200 trabajadores, lo que ha suscitado la indignación de los representantes sindicales.

En junio, se había acordado un calendario de negociaciones bajo mediación del SAMA, en el que se prometieron avances en las tablas salariales y la jornada laboral. Sin embargo, la actitud de la patronal durante el encuentro del pasado 24 de septiembre ha llevado a los sindicatos a considerar que dicho calendario ha quedado sin efecto, lo que representa un incumplimiento grave del pacto mediado.

Héctor García, portavoz de CGT, ha manifestado su frustración al afirmar que “las patronales han dejado claro que no están dispuestas a llegar a un acuerdo. Quieren mantener las condiciones precarias mientras sus beneficios continúan creciendo cada año. Esta huelga es una respuesta a su desprecio hacia los trabajadores del sector”.

En un tono similar, Angélica Mazo de UGT ha subrayado que han presentado propuestas justas durante meses, tales como la reducción de la jornada laboral, la equiparación salarial con el sector público, y permisos que faciliten la conciliación entre la vida laboral y personal. La negativa constante de las empresas y la falta de acción por parte de la Administración han llevado a la situación actual, cada vez más tensa.

Este conflicto se enmarca en un contexto complicado, debido al creciente número de menores migrantes que deben ser atendidos en Aragón, con 250 plazas ya asignadas y la posibilidad de sumar entre 50 y 60 adicionales. 

Jesús Esteban, representante de CCOO, advirtió que “la falta de progresos en la negociación del convenio dificulta gravemente la contratación de educadores sociales y otros profesionales críticos para cubrir estas nuevas plazas, lo que pone en riesgo una atención adecuada para estos menores”.

Los sindicatos han señalado a la Administración autonómica como responsable de esta situación de desatención, al no garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector, lo que deja a los menores y a los profesionales en una situación alarmante de precariedad e incertidumbre.