En una reciente intervención en las Cortes de Aragón, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, expresó su profunda inquietud por la situación de "inseguridad jurídica" que afecta a los proyectos de universidades privadas en la región. Según Forniés, esta parálisis, atribuida al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lleva más de seis meses bloqueando la llegada de tres iniciativas educativas: The Power University, UNIAR y NCI Aragón.

La consejera se pronunció durante una sesión de control, donde la diputada socialista Carmen Soler solicitó mayor "transparencia" acerca del progreso de estas universidades, argumentando que la falta de una planificación clara podría abrir la puerta a una mercantilización incontrolada de la educación. Soler destacó la necesidad de conocer más sobre estos proyectos, que aún permanecen en la opacidad.

Forniés lamentó la falta de avances en el proceso administrativo, el cual se encuentra pendiente de un informe no vinculante del Ministerio, conforme al Real Decreto de 2021. También criticó las recientes declaraciones de figuras del gobierno, que se han referido a las universidades privadas de manera despectiva. La consejera subrayó que, a día de hoy, no ha habido respuesta a las alegaciones enviadas a la ministra Morant, lo que ha generado frustración en Aragón.

En una reciente conferencia sectorial, Forniés trasladó directamente a la ministra las inquietudes del Gobierno aragonés, advirtiendo acerca de la posibilidad de que la nueva normativa se aplique de forma retroactiva a los proyectos en curso, lo que implicaría un reinicio total de los trámites y, en consecuencia, pérdidas significativas tanto en talento como en recursos para la comunidad.

Por parte del PSOE, Soler insistió en la necesidad de garantizar que la implantación de estas universidades no se traduzca en una privatización del sistema universitario aragonés sin la fundamentación adecuada. Aclaró que su grupo no se opone a la existencia de universidades privadas, sino a un modelo que priorice la emisión de títulos por encima de la calidad académica y la investigación.

La discusión ineludiblemente llevó a un cruce de acusaciones. Forniés respondió a las críticas de los socialistas recordando que la creación de la Universidad San Jorge fue respaldada por un gobierno del PSOE, pero que su partido ha sometido esta institución a un "calvario" legislativo en los últimos 20 años, incluyendo medidas que fueron posteriormente declaradas inconstitucionales.

Finalmente, la consejera defendió el modelo del Partido Popular, argumentando que este no es excluyente y que promueve la libertad de elección para las familias aragonesas entre la educación pública y privada. Subrayó su compromiso con un sistema educativo plural que respete la diversidad de opciones disponibles para los estudiantes y sus familias.