En Zaragoza, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves la ley de impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos, así como la reforma del impuesto sobre instalaciones de alta tensión con el voto a favor de PP y VOX.

Esta medida tiene como objetivo gravar la afectación medioambiental y visual en el medio natural, incluyendo el paisaje, la flora y la fauna. En el caso de las energías eólicas, se considerará la potencia instalada y la altura de los molinos, mientras que en los parques fotovoltaicos se tomará en cuenta la cantidad de hectáreas ocupadas, eximiendo los proyectos de autoconsumo instalados sobre cubiertas y tejados. En cuanto a las líneas eléctricas de alta tensión, se establecerá el impuesto según los kilómetros de tendido.

La diputada del PP, Blanca Puyuelo del Val, coordinadora de la Ponencia del proyecto de ley, ha señalado que se presentaron 211 enmiendas, de las cuales se aprobaron 31. Destacó que el resultado del trabajo será beneficioso para los territorios afectados y que al menos el 65 por ciento de la recaudación se destinará a ellos.

El diputado de VOX, Fermín Civiac, resaltó la fiabilidad de su partido y su compromiso por ordenar el caos en materia medioambiental, señalando que esta ley es fruto de un acuerdo entre el PP y VOX. También criticó a otros partidos por no presentar propuestas similares.

Por otro lado, el diputado del PSOE, Óscar Galeano, cuestionó el verdadero propósito del PP con este proyecto de ley y lamentó la falta de consenso que se generó. Desde Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, criticó la falta de cuidado del paisaje y de los territorios, así como la reducción de la recaudación a la mitad debido a la falta de una ley medioambiental clara y concisa.

Además, desde CHA, José Luis Soro, expresó su descontento porque este impuesto no establece ningún tipo de gravamen en algunas instalaciones, como las fotovoltaicas, y reclamó que la recaudación se destine a los territorios afectados. Mientras tanto, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, subrayó la importancia de que todo el dinero recaudado revierta en los territorios, incluso en aquellos sin parques eólicos o fotovoltaicos pero con impacto visual por infraestructuras.

Finalmente, en representación de IU, Álvaro Sanz criticó la falta de aplicabilidad de este impuesto y la confrontación entre PP y VOX que afectó el trabajo técnico de la Ponencia. Abogó por un impuesto útil y disuasorio, que grave más a las instalaciones más cercanas a zonas de protección ambiental, señalando la importancia de evitar la discrecionalidad en este tipo de medidas.