El debate en las Cortes de Aragón este jueves se caracterizó por un enfrentamiento intenso entre los diferentes grupos políticos, a raíz de la comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Durante su intervención, varios representantes de la izquierda la acusaron de exhibir un "racismo institucional" al oponerse a la llegada de menores migrantes no acompañados. Susín, por su parte, devolvió los ataques tildando de "cinismo" a sus detractores. Mientras, el grupo parlamentario de Vox se centró en resaltar incidentes delictivos asociados a la inmigración para sostener su postura de que "la inmigración ilegal masiva es un problema".

En su discurso, Susín explicó lo que describió como un “efecto llamada” provocado por la acogida del barco Aquarius en 2018, justo cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Desde entonces, afirmó que más de 350.000 personas habían ingresado en España de manera ilegal.

Criticó duramente la gestión del Gobierno central, mencionando que solo se trasladan refugiados a Aragón mediante programas temporales que dejan a muchos de ellos en situación de abandono tras solo tres meses. "Los dejan en la calle, sin permiso de residencia ni oportunidades laborales, y muchas veces sin siquiera haber aprendido español", denunció.

La consejera también subrayó que la llegada de migrantes es constante, tanto a través de acuerdos formales como por iniciativa personal o familiar. Indicó que algunos menores son "camuflados" entre adultos, complicando aún más la situación de acogida. A su juicio, la actual proporción en Aragón de un menor acogido por cada 2.738 habitantes es notablemente mayor que en Cataluña, lo que cuestiona las afirmaciones sobre el esfuerzo relativo de cada comunidad para acoger a migrantes.

Susín acusó al Gobierno central de haber "quebrado consensos previos" al imponer la reubicación de menores desde comunidades sobrecargadas, como Canarias y las ciudades autónomas. Además, advirtió que la reciente reactivación de la ruta canaria podría llevar a la obligación de recibir migrantes sin la debida supervisión técnica, lo que representa un riesgo considerable. Hasta ahora, solo se han confirmado 29 traslados.

La consejera denunció, además, la utilización de la amenaza policíaca sobre presidentes autonómicos reacios a aceptar menores, sugiriendo que había mejores maneras de utilizar las fuerzas de seguridad. Criticó la falta de dirección en la gestión migratoria, sugiriendo que hay un uso político de la migración por parte de algunas voces de la izquierda.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilimar Zamora, cargó contra Susín, acusándola de no actuar para solucionar "el caos" en el sistema de protección infantil, anteriormente considerado un referente en la materia. La diputada afirmó que no había escuchado propuestas concretas por parte de la consejera para abordar la situación, lo que ella misma describió como "una estigmatización de los menores".

Zamora cuestionó la falta de capacidad de Aragón para acoger a un número relativamente pequeño de menores, sugiriendo que Susín debería reconsiderar su papel en la administración. En este sentido, criticó la retórica del PP y su conexión con Vox, advirtiendo que este enfoque alimenta la xenofobia y la inseguridad en la comunidad.

La intervención de Vox, a cargo de Alejandro Nolasco, se centró en señalar problemas asociados con la inmigración ilegal, argumentando que el actual enfoque del bipartidismo es irresponsable y está perjudicando a las comunidades más vulnerables. También criticó a la oposición por no querer hacerse cargo de la situación que, según él, están provocando los propios partidos.

Isabel Lasobras, de CHA, defendió la importancia de priorizar la vida y bienestar de los menores frente a intereses políticos, subrayando que el verdadero racismo reside en rechazar la acogida de niños en situación vulnerable. En la misma línea, representantes de Aragón-Teruel Existe defendieron las experiencias positivas de acogida en pequeñas localidades y cómo la inmigración puede ser una oportunidad de enriquecimiento.

Desde Podemos, Andoni Corrales instó a Susín a mantener el enfoque en ayudar a los más necesitados, recordándole que esa es una obligación legal y moral. Mientras tanto, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, expresó su preocupación por el tono de la consejera, sugiriendo que necesita cambiar su enfoque para no alimentar la división y el odio.

Por último, Silvia Casas del PP defendió la gestión de Susín, calificándola de "responsable", y sugirió que la comunidad aragonesa es solidaria, aunque no está dispuesta a ser ingenua en la gestión de la migración. En resumen, el debate reflejó las tensiones en la política migratoria y el profundo divide ideológico que persiste en el tratamiento de estos asuntos en la comunidad.