El Gobierno español ha tomado una decisión significativa al aprobar la transferencia de 260 millones de euros a Sepes, que se convertirá en la nueva Empresa Estatal de Vivienda, para gestionar terrenos e infraestructuras anteriormente dedicados a instalaciones penitenciarias.

Con esta medida, se destinarán terrenos del Ministerio del Interior a la construcción de un total de 1.332 viviendas asequibles y protegidas en varias localidades, incluidas Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia (Alicante), Segovia y Burgos. Por ejemplo, en Huesca, se planea levantar 140 viviendas en el lugar donde antes se encontraba la antigua cárcel provincial, ubicada en la calle Ramón y Cajal, mientras que en Zaragoza se construirán 64 unidades en la parcela de la ex prisión de Torrero.

Durante una reciente conferencia de prensa, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, subrayó que este traspaso simboliza una transformación profunda al convertir "celdas en hogares". Este ambicioso proyecto tiene como objetivo crear un parque público de vivienda que garantice el derecho a un hogar a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o personal.

Aunque el valor de los terrenos transferidos asciende a 78 millones de euros, el Gobierno ha decidido establecer una pasarela que evitará que el Ministerio deba asumir este coste. Uno de los terrenos destacados es el de la histórica cárcel de Carabanchel en Madrid, donde se planea desarrollar unas 508 viviendas sobre una superficie de 27.000 metros cuadrados.

Rodríguez recordó que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia que también incluye la transformación de terrenos militares en espacios residenciales, con la adición de 17 nuevos cuarteles y la reactivación de alrededor de 40,000 viviendas y 2,400 solares de la Sareb en esta nueva empresa estatal.

La ministra enfatizó la rapidez con la que se está avanzando en la creación de Sepes, encarada a proporcionar un techo a todos, y subrayó que el objetivo no solo es tener más vivienda pública, sino también asegurar que estas construcciones cumplan con estándares de calidad dignos.

En el marco del Plan de Vivienda Asequible, que beneficiará a las comunidades locales, se anunció la asignación de esos 260 millones a Sepes. Dentro de este plan figuran ocho terrenos subutilizados que pertenecieron a prisiones, como los de la cárcel de la Ranilla en Sevilla, donde se proyectan 240 viviendas sobre un área de 5,500 metros cuadrados.

La ministra también precisó que en Córdoba se levantarán 174 viviendas en un antiguo centro penitenciario sin necesidad de realizar demoliciones, lo que acelerará el proceso de construcción. A su vez, se asignarán viviendas en otros puntos: 145 en Dénia, 140 en Huesca, 64 en Zaragoza, 53 en Segovia, y 8 en Briviesca (Burgos).

Rodríguez mencionó que cada proyecto se encuentra en una fase distinta de planificación y que la meta es avanzar no solo en la construcción, sino también en la agilización de los trámites administrativos. En las localidades de Huesca, Segovia y Burgos, los trabajos avanzan rápidamente, y se espera que pronto comience la licitación para la construcción de dichas viviendas.

En relación con el caso de Carabanchel, donde ya está en marcha el proyecto de urbanización, la ministra resaltó que una vez aprobado, se procederá a la licitación de obras. En este espacio y también en el nuevo Barrio de Campamento en Madrid, la estrategia será compatibilizar el urbanismo con la construcción efectiva de viviendas.

El antiguo centro penitenciario de Huesca, que abarca 2,365 metros cuadrados, se convertirá en un complejo de 160 viviendas protegidas. Este centro, creado en las décadas de 1940 y 1950, fue un testigo oscuro de la historia, albergando a muchos prisioneros durante el franquismo, incluidos aquellos que huían de regímenes represivos.

En el caso de la cárcel de Torrero, que ha sido emblemática en la lucha contra la represión, su demolición comenzó en 2005. Este lugar fue una de las prisiones más significativas durante la dictadura, donde numerosos opositores, incluidos políticos y defensores de los derechos humanos, fueron encarcelados y sufrieron graves violaciones de sus derechos.