El informe de la ONU que critica la regulación de la memoria histórica en Aragón ha sido señalado como una estrategia consciente del Gobierno de España para difamar, según denuncia la portavoz Mar Vaquero.

ZARAGOZA, 3 May.

El Gobierno de Aragón busca desmentir las supuestas mentiras presentes en el informe realizado por relatores de la ONU sobre la regulación de la memoria histórica en varias comunidades autónomas, alegando que estas acusaciones obedecen a la política confrontativa del presidente Pedro Sánchez.

Mar Vaquero, portavoz y vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, ha expresado sorpresa al enterarse del informe a través de los medios de comunicación, destacando la falta de contacto directo con el Ejecutivo.

La crítica principal apunta a los "graves errores" contenidos en el informe, los cuales serían resultado de una estrategia intencionada por parte del Gobierno de España, reflejando una política sesgada y partidista.

Entre las falsedades mencionadas por Vaquero se incluye la inexistencia de una Ley de Concordia en Aragón y la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la cual según la portavoz divide a la población aragonesa.

Se espera que antes del verano se pueda establecer un Acuerdo de Concordia basado en los principios de la Transición, con el objetivo de brindar una sepultura digna a todas las víctimas de la violencia durante diferentes épocas históricas.

Además, se niega la eliminación del mapa de fosas y se señala que la web todavía está activa, desmintiendo así otra de las acusaciones presentes en el informe de la ONU.

Mar Vaquero reafirma la postura del Gobierno de Aragón en defensa de la libertad, los derechos y el espíritu conciliador de la Transición, criticando la falta de interés del Gobierno de España en las víctimas de la violencia ideológica.

Por otro lado, se destaca la oposición del Gobierno autonómico de Jorge Azcón a la Ley de Memoria Democrática por considerarla divisoria y continuista con la política de bandos.

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, argumenta que no es necesario regular por ley la protección de los lugares de memoria ni los vestigios de la guerra civil, entre otros aspectos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anuncia la convocatoria de la Comisión Bilateral con Aragón tras el informe de la ONU, a pesar de las críticas por parte del Gobierno aragonés.

En este sentido, Mar Vaquero subraya la disposición del Gobierno de Aragón a reunirse en la Bilateral, aunque rechaza ser manipulado por las agendas del Gobierno de España.

En conclusión, la postura del Gobierno de Aragón sigue firme en su defensa de la memoria histórica y la concordia, desestimando las acusaciones del informe de la ONU como una estrategia de confrontación del Gobierno de España.