Zaragoza, 30 de julio.

Una reciente encuesta encargada por el Gobierno de Aragón ha revelado que un abrumador 91,4% de los aragoneses está convencido de que una reducción en la financiación estatal llevaría a un deterioro significativo en la calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El estudio, elaborando por la consultora A+M y basado en 2.400 entrevistas, ha sido presentado en la reunión del Consejo de Gobierno, donde se compartieron estos datos con los miembros del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, había anticipado la realización de esta encuesta a los líderes de los partidos presentes en el Parlamento durante su encuentro del 16 de julio pasado.

Además, el sondeo destaca que el 79% de los participantes considera fundamental o muy importante el apoyo financiero del Estado hacia las comunidades, ya que este respaldo es clave para mantener los servicios públicos.

Respecto al acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, el 52,1% de los encuestados opina que este pacto afecta negativamente a los intereses de Aragón, en contraste con el 41,8% que tiene una percepción más favorable. Si dicho acuerdo se aplicara a otras comunidades, un 51,3% está convencido de que Aragón se vería perjudicado, lo cual muestra una disparidad de 14 puntos en las opiniones.

Otro hallazgo interesante es que el 51,7% de los ciudadanos cree que el consenso entre los ejecutivos español y catalán crea una jerarquía de ciudadanos, mientras que solo el 40,8% sostiene que no es así.

La encuesta también indagó sobre la percepción de los aragoneses acerca de la defensa de sus intereses por parte del Gobierno regional. Un 56,8% la valora positivamente, mientras que un 20,4% tiene una opinión regular, y un 10,7% la califica negativamente. En cuanto a la defensa de los derechos aragoneses ante el acuerdo de financiación con Cataluña, el 44,6% sostiene que debería hacerse utilizando todos los medios democráticos, incluidos los judiciales, mientras que el 37,3% opina lo contrario, y un 18,1% prefiere no pronunciarse.

El sondeo fue encargado a la consultora aragonesa A+M, que no solo presentó la oferta económica más competitiva, sino que también realizó un trabajo de campo que incluyó una muestra sólida de 2.400 entrevistas enfocadas en mayores de 65 años.

El análisis tiene una probabilidad de confianza del 95,45%, con un margen de error de +/- 2,23%, y se llevó a cabo mediante un muestreo equilibrado en cuanto a sexo, edad y región geográfica.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta Mar Vaquero criticó el acuerdo entre el Gobierno español y la Generalitat, tildándolo de “poco transparente” y de que generaba “financiaciones privilegiadas” para Cataluña. Vaquero enfatizó la importancia de defender principios como la igualdad, la libertad y la solidaridad que representan los valores del Gobierno de Aragón.

“Este tema es fundamental tanto para el presente como para el futuro de nuestra comunidad y su modelo de bienestar”, añadió Vaquero, subrayando la decisión del Ejecutivo de Azcón de defender los intereses aragoneses ante cualquier amenaza a la igualdad de derechos entre territorios.

La vicepresidenta concluyó afirmando que el propósito del sondeo era comprender las preocupaciones de los aragoneses respecto a las posibles implicaciones del modelo de financiación desigual en su vida diaria y en la salud económica de la región.

Vaquero advirtió que “los recursos son limitados”, y de extender el sistema de cupo catalán a otras comunidades, Aragón podría enfrentar aún mayores desventajas. “Esta situación es profundamente perjudicial y representa un agravio sin precedentes que responde a intereses políticos concretos y a la creación de una jerarquía entre ciudadanos”, sentenció Vaquero.