Desmantelan en Zaragoza una organización que ocultaba migrantes para regularizarlos de forma ilegal.

En una operación que expone las vulnerabilidades del sistema de inmigración, la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal internacional en Zaragoza, dedicada a la elaboración de documentos falsos para ciudadanos argelinos. Un total de 30 personas han sido arrestadas, de las cuales 28 se encontraban en Zaragoza, mientras que el resto fue detenido en Huesca y San Sebastián. Entre los capturados, seis han sido encarcelados.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el Cuerpo Nacional de Policía, los migrantes eran alojados en condiciones inaceptables en un pequeño zulo en Zaragoza de solo nueve metros cuadrados, donde esperaban la falsificación de sus documentos que les costaba entre 10.000 y 15.000 euros por una supuesta regularización legal.
Estos migrantes, provenientes de Argelia, hacían su arribo a España en pateras, y para obtener permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales, presentaban documentos falsificados como contratos de trabajo y empadronamientos manipulados. También intentaban conseguir permisos de residencia a través de uniones civiles fraudulentas.
La red operaba con conexiones directas a las llegadas de pateras a las playas españolas, convirtiéndose en una fuente incesante de migrantes que buscaban regularizar su situación. Aunque su base principal estaba en Zaragoza, también tenía ramificaciones en diversas provincias como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa, donde se identificó a los líderes de la organización.
Asimismo, esta organización criminal contaba con un grupo de colaboradores que realizaban empadronamientos fraudulentos y contratos de trabajo falsos. Juntos, lograban cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades españolas, lo que les permitía solicitar permisos de residencia bajo pretextos irregulares.
Además, existía una conexión con colaboradores en Francia, quienes facilitaban clientes en ese país necesitados de regularizar su situación administrativa en España. Este proceso incluía la gestión de documentos como fotocopias de pasaportes y empadronamientos a distancia, lo que evidenciaba la complejidad y sofisticación de la red.
La investigación que llevó a estas detenciones comenzó tras observar un notable aumento en las solicitudes de permisos temporales de residencia de ciudadanos argelinos, muchas de las cuales involucraban una serie de documentos falsos. Los agentes detectaron la existencia de una organización estructurada con diferentes niveles jerárquicos que se dedicaba a la explotación de migrantes.
La operación finalizó con la captura de 30 individuos, con un grupo de seis cabecillas ahora tras las rejas. Durante el operativo también se realizaron siete registros en domicilios en Zaragoza, donde se encontraron documentos falsificados y pasaportes argelinos.
La estructura de esta organización era meticulosa y bien organizada, con cada integrante dedicado a una tarea específica, ya sea atraer nuevos clientes, crear empadronamientos o establecer conexiones para contratos de trabajo y uniones civiles ficticias.
Los precios por sus “servicios” eran igualmente alarmantes. Por un empadronamiento fraudulento cobraban entre 600 y 900 euros, mientras que los contratos falsos oscilaban entre 3.000 y 10.000 euros, y las uniones civiles ficticias variaban entre 2.000 y 6.000 euros. Además, cobraban 200 euros por el transporte de la documentación necesaria.
La técnica de “look-alike”, que les permitía empadronar a personas que en realidad no se encontraban en Zaragoza –e incluso en España–, añadía una capa de engaño a sus actividades. Los migrantes argelinos, conscientes de lo que implicaba su llegada, colaboraban proporcionando sus pasaportes para facilitar la gestión del proceso de regularización que la organización se comprometía a iniciar una vez que llegaban al país.
Al llegar, sin embargo, se encontraban en un zulo que no ofrecía ni la más mínima dignidad. El hecho de que fueran recluidos en un espacio tan reducido y en condiciones deplorables, a la espera de un futuro legal que se antojaba incierto, evidencia no solo la explotación de la que eran objeto, sino también las fallas del sistema que permite que se produzcan tales situaciones en el seno de nuestra sociedad.
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