ZARAGOZA, 30 de julio. La situación financiera de Aragón vuelve a ser motivo de preocupación entre las autoridades locales, específicamente en el seno del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Recientemente, se han recibido informes del Ministerio de Hacienda que apuntan a un aumento general de recursos para el año 2026, sin embargo, los responsables aragoneses han señalado que la estructura de financiación aún desalienta el desarrollo de la región, a pesar de sus esfuerzos fiscales y un contexto económico en crecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que Aragón perciba en 2026 una suma total de 5.476 millones de euros, cifra que incluye tanto entregas a cuenta como liquidaciones del ejercicio anterior. Sin embargo, este aumento en los recursos no refleja un cambio positivo en el modelo de financiación autonómica, sino que es resultado directo de la mejora del desempeño económico de la Comunidad desde el año 2023.

Los datos indican un incremento en los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con 68,8 millones de euros adicionales a lo planificado por el propio Ministerio, lo cual se atribuye al aumento en la creación de empleo. Asimismo, se observa un ascenso de 69,9 millones de euros en las recaudaciones del IVA, lo que evidencia el dinamismo de la actividad económica en Aragón.

El consejero Roberto Bermúdez de Castro ha enfatizado que los recursos que se transfieren a la región son, en esencia, los impuestos que abonan los ciudadanos aragoneses, reflejo del esfuerzo conjunto de la población trabajadora, los autónomos y las empresas locales. A su juicio, estos fondos no deben ser malinterpretados como una ayuda excepcional del Estado, sino como una parte del retorno de lo que la ciudadanía ha contribuido.

Además, se ha señalado que una porción considerable de los fondos que el Gobierno central ha comunicado son, en realidad, pagos que debieron ser transferidos hace meses. En particular, la actualización de las entregas a cuenta para el año 2025 llega con un retraso superior a seis meses, lo que genera aún más descontento en las autoridades aragonesas.

El consejero de Hacienda ha manifestado que la llegada de estos recursos se demora hasta, como muy pronto, septiembre, lo que altera la planificación y puesta en marcha de los servicios públicos. “La incertidumbre creada por los plazos de pago afecta de manera negativa a nuestra capacidad de gestionar servicios esenciales”, ha declarado.

Por si fuera poco, Aragón sufre una reducción estimada de cerca de 100 millones de euros en su financiación para 2025 en comparación con el año anterior, además de una disminución de aproximadamente 5 millones de euros en la liquidación final de 2023. Esta tendencia de recortes en el financiamiento contrasta con las mejoras que perciben otras comunidades autónomas.

Desde el Gobierno de Aragón, se reitera la apremiante necesidad de una reforma en el sistema de financiación autonómica. Se hace hincapié en la importancia de integrar variables fundamentales como la despoblación, la dispersión geográfica y la orografía en el análisis de la financiación, con el fin de asegurar que la comunidad reciba un soporte adecuado y sostenible para los servicios públicos, en condiciones de equidad con el resto del Estado.