El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se pronunció este martes sobre la reciente decisión del Consejo de Ministros de España, donde se aprobó una reducción de la deuda de las comunidades autónomas. Azcón criticó la propuesta del PSOE, al considerar que lo que ellos describen como una “condonación” es, en realidad, una transferencia de responsabilidades económicas desde Cataluña hacia el resto de España.

Durante su intervención, Azcón admitió que no está al tanto de la cifra específica que correspondería a Aragón, pero subrayó que está seguro de que la decisión tomada es perjudicial para la comunidad autónoma. “Hoy se ratifica un mal negocio para Aragón”, afirmó, sugiriendo que la carga financiera que recae sobre su región es injusta.

El líder aragonés argumentó que el término "condonación" utilizado por el PSOE es engañoso. A su juicio, en lugar de perdonar deudas, lo que se está planteando es simplemente un repartición de las mismas, lo que hecha por tierra la idea de que se está beneficiando a alguien. “Las deudas no se perdonan; quienes tienen deudas deben cumplir con sus obligaciones”, agregó Azcón, enfatizando que lo que se requiere es una distribución equitativa.

Azcón manifestó su descontento con la idea de que los ciudadanos aragoneses asuman las deudas de Cataluña. “No es justo que los aragoneses tengamos que cubrir la deuda de una región que es considerada más próspera”, afirmó contundentemente, poniendo de relieve lo que considera una inequidad en el sistema de financiación territorial.

El presidente aragonés apuntó al trasfondo político de la medida, insinuando que el interés del presidente Pedro Sánchez en “satisfacer a sus socios independentistas en Cataluña” es la verdadera razón detrás de este acuerdo de reparto de deudas. “Es evidente que hay un discurso económico, pero también hay una fuerte motivación política en juego”, añadió.

En relación al uso de los fondos generados por esta supuesta condonación, Azcón indicó que, a pesar de las promesas, no hay garantías de que se destinen a servicios esenciales como educación o sanidad. Mencionó un estudio del organismo AIREF, que sugiere que cualquier ahorro en intereses no se canalizaría hacia el aumento del gasto en servicios públicos. “Es un análisis objetivo de parte de una entidad independiente que monitoriza las finanzas del país”, señaló.

El presidente pidió claridad al Gobierno central, sugiriendo que es Sánchez quien tiene que ofrecer explicaciones sobre cómo se manejarán las normas de contabilidad y de gasto en este contexto. “Es el presidente quien debe aclarar cómo planea burlar las reglas existentes solo para complacer a sus aliados y sostener su posición en el poder”, concluyó.

Estas declaraciones llegaron justo antes de que Azcón participara en un evento sobre la digitalización en Aragón, parte del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que se celebra en Santander, organizado por Ametic.