El 17 de marzo en Zaragoza, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, expresó su preocupación ante la reciente decisión del Gobierno español de transferir competencias en materia de extranjería a Cataluña. Susín argumentó que se están alterando las dinámicas de cooperación y diálogo entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, quien aún no ha clarificado las razones que justifican este trato diferencial hacia Cataluña en comparación con otras regiones.

Durante su participación en la Conferencia Sectorial, a la que se unió por videoconferencia junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte, la consejera destacó las inquietudes que este traspaso de competencias podría suscitar en Aragón, dada su ubicación geográfica cercana a Cataluña. Esta situación, según Susín, requiere de un análisis exhaustivo sobre sus repercusiones en el territorio aragonés.

A inicios de marzo, Aragón y otras Comunidades Autónomas habían solicitado formalmente que se discutiera este tema en la reunión sectorial, especialmente a raíz del anuncio de un acuerdo entre el PSOE y Junts para crear una Ley Orgánica que permitiría a Cataluña gestionar cuestiones migratorias. Aunque inicialmente el Ministerio se negó a tratar el tema, finalmente fue incluido como un punto adicional en la agenda, lo que indica la presión ejercida por los requerimientos de las autonomías.

La consejera destacó la falta de lealtad institucional al preparar el orden del día solo días después de que se concretara el acuerdo con Junts, un pacto que, según ella, no contó con la participación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. "Este es un acuerdo político entre dos partidos, uno de los cuales es independentista, y no representa una demanda de competencias de la comunidad", subrayó Susín, expresando su rechazo ante lo que considera una falta de transparencia por parte del Gobierno español.

En su intervención, Susín solicitó un estudio que contemple las implicaciones que este traspaso de competencias tendrá en los territorios colindantes, especialmente en lo que respecta a la gestión de posibles expulsiones. Este análisis es esencial para entender cómo se abordará la atención a estas personas y qué recursos se necesitarán para el Plan de integración y convivencia intercultural en Aragón, el cual, según ella, enfrentará nuevos desafíos que requerirán más recursos.

La consejera advirtió que el Gobierno estaría, en su opinión, eludiendo sus responsabilidades o, en el peor de los casos, cediendo funciones a ciertas comunidades en contra de la Constitución. "Esto no favorece la migración regulada, sino que promueve la clandestinidad y el tráfico de personas", agregó con preocupación.

Además, Susín reiteró la falta de comunicación efectiva entre el Gobierno español y las Comunidades Autónomas en cuanto a políticas migratorias. Criticó duramente la ausencia de canales que permitan a las autonomías participar en la formulación de políticas que les afectan directamente, especialmente en relación con el Real Decreto 1155/2024 sobre derechos de los extranjeros en España.

También recordó que Aragón presentó observaciones sobre el reglamento en septiembre de 2024, sin recibir respuesta del Ministerio sobre la inclusión de sus propuestas. Este hecho evidencia, según sus palabras, una desconexión alarmante entre el gobierno central y las necesidades y preocupaciones de las comunidades autónomas.

Por otro lado, diversas Comunidades Autónomas expresaron su descontento con la falta de transparencia en torno al número de plazas de acogida humanitaria y su ocupación. El Ministerio no ha proporcionado información clara sobre la rotación de estas plazas ni sobre la situación de las personas acogidas una vez finalizada su estancia, planteando un gran vacío informativo que afecta la gestión de recursos en Aragón.

Actualmente, la comunidad no tiene datos específicos sobre la cantidad de personas intervenidas por el Gobierno español para ser atendidas por ONG en programas de protección internacional y asilo, como ha sido denunciado repetidamente por la consejera Susín. La falta de estadísticas precisas se convierte en un obstáculo para abordar de manera adecuada la crisis migratoria y sus efectos en la región.

En la ronda de ruegos y preguntas, Susín también solicitó, sin éxito, detalles sobre cómo el Estado controla los contratos de acogida humanitaria y las condiciones de atención para los migrantes en estos programas, reflejando una vez más la necesidad urgente de una mayor claridad y cooperación en la política migratoria.