Durante una asamblea crucial celebrada en Zaragoza, la Coordinadora de Izquierda Unida de Aragón ha puesto de manifiesto la grave "ausencia de voluntad" del Gobierno regional para abordar los accidentes laborales, mientras critica enérgicamente la decisión de trasladar el costo de los servicios de madrugadores a las familias.

Este encuentro del partido marcó el inicio del nuevo ciclo político, y su coordinador general, Álvaro Sanz, aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con la política del Ejecutivo de Azcón, a quien acusa de prestar más atención a las empresas multinacionales que a las necesidades de la ciudadanía. Sanz expresa que Aragón está siendo "regalado" a grandes corporaciones, dejando a los problemas sociales sin resolver.

En sus declaraciones a la prensa, Sanz no se mostró condescendiente, aseverando que "Azcón ha vuelto de vacaciones con una alfombra roja lista para los de siempre". Criticó la falta de atención a los problemas estructurales que afectan a los aragoneses, entre los que destaca la alarmante tasa de siniestralidad laboral. Así, Sanz insiste en la necesidad de crear de manera inmediata el puesto de delegado territorial de prevención, advirtiendo que no se va a permitir que el diálogo social se convierta en un mero trámite sin acción.

Asimismo, el coordinador acusó al Gobierno de Aragón de carecer de la voluntad política necesaria para salvaguardar los derechos de los trabajadores, sugiriendo que los empresarios hacen "la vista gorda" ante la pésima situación de la seguridad laboral en la región.

Por otra parte, Marga Deyá, encargada de Políticas Sociales y Feminismo de IU Aragón, señaló el evidente "desmantelamiento" de los servicios públicos al comienzo del curso escolar. Pese a los anuncios de millones de inversión, aseguró que la realidad muestra un bloqueo de aulas públicas y recortes de personal, favoreciendo la educación concertada en detrimento de la pública. "El dinero existe, lo que falta es la intención de invertirlo correctamente," enfatizó Deyá.

Además, Deyá arremetió contra el uso político del Plan Corresponsables, señalando que el Gobierno de Aragón ha cerrado 185 aulas de tarde y ha impuesto a las familias el costo de los servicios de madrugadores, que solo cubren un 75% de sus gastos. "Esto no es conciliación, sino un claro sabotaje a la igualdad de oportunidades," afirmó, acusando al Ejecutivo de utilizar el plan para criticar al Gobierno central mientras eludían sus propias responsabilidades.

Desde Izquierda Unida de Aragón, Sanz y Deyá exigen un cambio en la estrategia del Gobierno de Azcón, instando a que deje de lado la confrontación y comience a gobernar en beneficio de la ciudadanía. "Hay recursos suficientes en Aragón para proporcionar servicios públicos de calidad. Lo que realmente falta es una voluntad política decidida," concluyeron, haciendo un llamado a dejar atrás la propaganda y centrar esfuerzos en soluciones tangibles.