Reducción histórica del endeudamiento autonómico en 2022 a pesar del persistente desequilibrio financiero

La ejecución de los fondos Next Generation ha aumentado en comparación con 2021, aunque sigue siendo baja, alcanzando solo el 22%, y existe una cantidad de casi 500 millones de euros sin ejecutar.

En el Informe de Fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma aragonesa de 2022, publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, se revela que persisten desequilibrios, pero se reduce el endeudamiento por primera vez en veinte años.

Este informe abarca la auditoría de las cuentas anuales y la fiscalización del cumplimiento de la legalidad en la gestión presupuestaria, personal, endeudamiento y morosidad. También incluye un análisis específico de la temporalidad en el empleo público.

En 2022, la comunidad autónoma de Aragón gastó 7.379 millones de euros e ingresó 7.137 millones. Los gastos de personal representaron 2.551 millones, las transferencias corrientes 1.768 millones, los bienes y servicios 1.045 millones y los pasivos financieros 1.229 millones de euros.

En cuanto a las políticas de gasto, la asistencia sanitaria encabezó la lista con 2.300 millones de euros, seguida de la educación no universitaria con 965 millones, la Política Agraria Común (PAC) con 473 millones y los servicios sociales con 380 millones de euros. El segundo programa con mayor gasto fue la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones de euros.

En términos de ingresos, el 55% (3.927 millones) provino de las aportaciones del Sistema de Financiación Autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 millones de la recaudación de impuestos propios y cedidos, y 429 millones de transferencias comunitarias para la PAC. Además, en 2022, Aragón recibió 289 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR) y 52 millones del instrumento REACT-UE.

En este ejercicio, el endeudamiento disminuyó en 103 millones de euros en comparación con 2021, lo que representa la primera reducción en veinte años, llegando a 8.957 millones al final del cuarto trimestre, según datos del Banco de España.

Además, se logró reducir los intereses en 15 millones de euros mediante la reestructuración de la deuda. Sin embargo, el remanente de tesorería fue negativo por 1.016 millones de euros, 1.102 millones con los ajustes propuestos por los auditores, debido en parte a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada, principalmente de los fondos europeos Next Generation.

El resultado presupuestario fue negativo en 418 millones de euros, lo que significa que los ingresos presupuestarios de 2022 no fueron suficientes para cubrir las obligaciones reconocidas.

Además, durante ese año, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputación al presupuesto aumentó en 64 millones, alcanzando los 205 millones, de los cuales 112 millones se deben a la falta de presupuesto. El 76% del total corresponde a obligaciones generadas por el SALUD.

El informe destaca que las cuentas de la comunidad autónoma reflejan fielmente la situación financiera, el patrimonio y los resultados económico-presupuestarios. Sin embargo, también se mencionan algunas salvedades, como la falta de rendición de cuentas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

En cuanto a la legalidad, se identificaron varios incumplimientos de la normativa que rige la gestión económica. El período medio de pago a proveedores superó los 30 días legales todos los meses de 2022 y en tres de ellos superó el límite de 60 días. En promedio anual, se situó en 51 días, el doble que la media de las comunidades autónomas que es de 25 días.

Asimismo, se señala que en 2022 el Gobierno de Aragón convalidó gastos por un total de 42 millones de euros, el 94% de los cuales se realizaron sin contrato. El 41% de estos gastos convalidados correspondieron al SALUD por la compra de material sanitario, y el 35% al departamento de Educación por gastos de transporte, entre otros.

La auditoría también reitera incumplimientos en otras fiscalizaciones, como el pago de retribuciones en el SALUD por prolongación y exceso de jornada sin mecanismos de control horario, y el pago del complemento de atención continuada por encima del límite establecido por la normativa, sin un seguimiento para detectar posibles excesos.

El grado de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) alcanzó el 22,3%, en comparación con el 6% del año anterior. Sin embargo, las cantidades pendientes de gastar aumentaron en 151 millones, sumando un total de 492 millones pendientes de ejecución al cierre de 2022.

Los auditores advierten que este bajo nivel de ejecución aumenta la carga de gestión en el futuro, ya que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para la ejecución total del programa. Por otro lado, el informe señala un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, que alcanzó el 88% por un monto de 248 millones de euros, en comparación con los 149 millones de 2021.

Al cierre de 2022, la comunidad autónoma de Aragón tenía 60.665 empleados públicos, con una tasa de temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentraba en el SALUD, mientras que el resto se distribuía entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y los que prestan servicios generales en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos (25,9%).

En 2022 se convocaron 12.731 plazas en la administración general, sanidad y educación. Sin embargo, para lograr una reducción de la temporalidad al 8%, se estimaron insuficientes las 6.343 plazas previstas para la estabilización de personal, dado que los empleados temporales sumaron 28.929.

En cuanto a la reposición de efectivos, entre 2018 y 2022 se convocaron 6.388 plazas, de las cuales solo se habían adjudicado 1.992 al 31 de diciembre de 2022, representando el 31%. Las tasas de temporalidad siguen aumentando lentamente, pasando del 47% al 49,5%.

Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2022, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organimos públicos tenían 3.214 empleados más que al cierre de 2018, de los cuales el 89% eran temporales.

Los plazos para llevar a cabo estos procesos incumplen sistem