En una declaración contundente, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado hoy que se está infringiendo el Estado de Derecho desde el Congreso con la aprobación de la ley de amnistía, un acto que el Ejecutivo aragonés impugnará y cuyos responsables señala como "los grupos que apoyan al Gobierno" de Pedro Sánchez.

Para Nolasco, este día es uno de los más oscuros en la historia de la democracia española, ya que constituye un ataque flagrante a la estructura constitucional y democrática acordada por todos en 1978. Ha destacado que este golpe socava la división de poderes y vulnera el principio de seguridad jurídica, y ha recalcado que Aragón no es una comunidad de menor categoría, a pesar de los intentos del Gobierno central por menospreciarla.

En un acto de resistencia, el Gobierno de Aragón ha formado un grupo de trabajo para preparar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de esta ley, que atenta contra la igualdad de todos los ciudadanos españoles. El plazo para presentar el recurso es de tres meses.

Nolasco ha afirmado que Aragón liderará la lucha contra esta ley injusta, utilizando todos los recursos a su alcance para defender los derechos y libertades de sus ciudadanos. El Consejo Consultivo de Aragón ya ha señalado que la ley de amnistía vulnera el derecho al trato igualitario ante la Justicia, premiando a aquellos que han desobedecido y causado desórdenes públicos.

El vicepresidente primero ha advertido que la amnistía es un flagrante abuso de poder, una contrapartida para que Pedro Sánchez accediera al cargo de presidente del Gobierno. Ha enfatizado que esta ley no solo afecta a Cataluña, sino también al resto de España, y ha prometido que el Gobierno de Aragón se opondrá firmemente a las ambiciones desmedidas de Sánchez y sus aliados, protegiendo a los aragoneses.

Nolasco ha mencionado el comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura en 2023, que rechazó la ley de amnistía por considerarla una amenaza para la democracia y la labor de los jueces españoles. Lamentó que Pedro Sánchez haya ignorado las advertencias y haya seguido adelante con esta medida controvertida, apoyado por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado.