En la localidad de Sariñena, en la provincia de Huesca, la Plataforma Sijena Sí ha desplegado una mesa informativa en la feria FEMOGA para sensibilizar a los habitantes de Los Monegros y otras regiones sobre el riesgo que implica el proyecto Octante de Forestalia. Este proyecto busca instalar cinco enormes aerogeneradores de 200 metros de altura frente al monasterio del siglo XII en Sijena.

La plataforma argumenta que esta ubicación dañaría gravemente la estética de este monumento nacional protegido por diversas normativas. Han comparado la instalación de aerogeneradores frente a Sijena con situarlos en lugares icónicos como el monte Abantos de El Escorial o junto al Castillo de Loarre, considerando esta propuesta inapropiada.

Sijena Sí ha advertido a la directora general de Patrimonio Cultural sobre esta amenaza a principios de año y critica la postura del Gobierno de Aragón, que asegura que los aerogeneradores no afectarían al entorno de protección del monasterio, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional.

Para la plataforma, el argumento de que no habría una afectación directa porque los molinos estarían a más de 300 metros es inadecuado, ya que el impacto visual y acústico podría perjudicar el valor histórico, espiritual, artístico y turístico del monumento. Argumentan que la ley no contemplaba una amenaza como esta, que pone en riesgo la inversión de dos millones de euros destinados a conservar este patrimonio.

La semana pasada, durante la visita del presidente de Aragón a Sijena, la Plataforma recibió con alegría la noticia de que la zona expositiva del monasterio se abrirá en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, lamentan que el presidente obviara mencionar la amenaza de los molinos y la ausencia de una comunidad monástica en Sijena. Han recordado que enviaron una petición al Vaticano sobre este tema hace dos años.

Quienes deseen sumarse a esta campaña de firmas pueden hacerlo en la página web de la Plataforma Sijena Sí. Hasta el momento, han recogido cerca de 2.000 firmas y planean presentar sus demandas a Forestalia, al Gobierno autonómico y a las Cortes de Aragón, así como al Delegado del Gobierno en la región. Se reservan la posibilidad de llevar a cabo nuevas acciones si las autoridades no escuchan la voz de la ciudadanía.