ZARAGOZA, 11 Abr. - El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que la zona franca o fórmula similar que está impulsado su Ejecutivo, junto con la Cámara de Comercio de Zaragoza, en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), para fomentar el comercio internacional, puedan ser autorizada este año.
"No es descabellado, ni disparatado", ha esgrimido Lambán, aunque ha reconocido que en este tipo de tramitaciones es difícil aportar un plazo concreto, pero sí ha dicho que puede ser "más o menos inminente" la remisión por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de un memorándum "que sería el paso definitivo para desencadenar todo lo demás".
El presidente Lambán y la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, se han reunido este martes con el presidente de Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, el director general de la institución, José Miguel Sánchez, y la directora general adjunta de la misma, Nieves Ágreda, donde, entre otros asuntos, han tratado sobre este proyecto, que está a la espera respuesta del ministerio.
Lambán ha comunicado que en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 28 de marzo se alcanzó un acuerdo para impulsar el inicio del procedimiento para implantar esta zona franca u otra figura similar en PLAZA, que ya ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, competente en la materia, para que lo impulse.
Ha recordado que contar con esta fórmula supondría un factor competitivo diferencial basado en ventajas fiscales, tributarias y en la simplificación de trámites aduaneros.
Ahora, están a la espera de ese memorándum, que implicará a las tres partes, los gobiernos central y autonómico y a Cámara de Zaragoza, en el que se detallará la fórmula más idónea para la obtención de estas ventajas que harán a PLAZA "aún más competitiva".
El jefe del Ejecutivo aragonés ha detallado que desde el ministerio les han trasladado que el concepto tradicional de zona franca no es el que más se acomoda, ni más beneficios reportará a PLAZA, sino que hay otras fórmulas más actuales.
"Como hemos visto una excelente disposición por parte del ministerio en dar justa satisfacción a la pretensión de Cámara de Comercio y Gobierno, confiamos en ellos para que nos faciliten la fórmula más adecuada", ha expuesto Lambán. Además, ha dicho que las tres partes formarán parte de una comisión de seguimiento del proyecto.
Según el presidente aragonés, hay inversiones en marcha muy importantes, como el AVE Pamplona-Zaragoza que implicaría a PLAZA como plataforma logística, así como el proyecto de la línea 2 del tranvía, que podría ampliarse hasta PLAZA y la Feria de Muestras.
También se ha referido a la segunda estación del AVE, que es un proyecto que el ministerio ya está estudiando. "Si todos ellos confluyen y fructifican", la posición de liderazgo de Aragón en la logística terrestre en el sur de Europa se reforzaría "hasta el infinito", ha valorado Lambán.
Por su parte, el presidente de Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha reiterado el apoyo a la creación de una zona franca o de una zona logística con protocolo de atención aduanera avanzada, que se sustentaría sobre el reconocimiento de PLAZA como modelo de éxito e incluiría ventajas y facilidades para acceder a recursos aduaneros e inversión pública.
"Desde la Cámara de Zaragoza, creemos que se debe hacer lo posible para garantizar que la aduana disponga de todos los recursos necesarios para mantener y mejorar el nivel de servicio que se da a las empresas de la Comunidad y para permitir la captación de nuevas operaciones", ha afirmado.
PLAZA, con una superficie de 13.457.239 metros cuadrados, acoge a unas 500 empresas que dan empleo directo a más de 16.000 personas. La principal característica es que está basada en un centro intermodal de transportes a 'kilómetro cero' --de ferrocarril, carretera y avión--, que facilita la integración y la obtención de sinergias a todos los operadores logísticos.
La principal ventaja que aporta una zona franca u otra figura similar es el impulso de la actividad económica del territorio y, en particular, la del comercio exterior, pudiendo convertirse en puente entre otras zonas francas, incluso con otros continentes.
Además del estímulo del comercio internacional, tanto de importación, como de exportación, estas figuras suponen un activo adicional a la hora de atraer inversión, crear empresas y en el desarrollo de sectores industriales específicos. De forma colateral, ayudan a promover el transporte y la logística.
Para las empresas instaladas en ellas, desde el punto de vista fiscal, supone la no aplicación de aranceles a las mercancías procedentes de territorios no comunitarios, ni del IVA a las mercancías procedentes de la Unión Europea o de territorios no comunitarios.
Entre las ventajas aduaneras, las mercancías no comunitarias no están sujetas al pago de derechos de importación, ni a medidas comerciales --restricciones o cupos--, su plazo de estancia es ilimitado en el tiempo y no es necesario constituir garantía aduanera.
En la Unión Europea, son los Estados miembros quienes deciden qué partes del territorio aduanero tienen la consideración de zonas francas. Actualmente en España, donde las competencias pertenecen a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, existen siete zonas francas, en Santander, Barcelona, Vigo, Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, todas ellas de carácter público y gestionadas a través de un consorcio.
En Europa, hay 20 países que disponen de zonas francas en sus territorios y las distintas adaptaciones a la normativa comunitaria han suprimido los requisitos de que deban estar situadas en el litoral, aisladas del núcleo urbano, con un puerto al menos adyacente y en la jurisdicción de una aduana marítima, si bien se ha añadido la necesidad, por motivos de seguridad, de que las zonas francas sean espacios cerrados en todo su perímetro.
En España, la autorización de una zona franca corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda y debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado su aprobación por medio de la correspondiente orden ministerial. La gestión y fomento de una zona franca corresponde a su máximo órgano de representación y decisión: el Consorcio, que actuará como Consejo de Administración.
En 2018, se creó el Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, cuya fuente de ingreso es el Impuesto de Sociedades que liquidan las empresas allí establecidas.
Esto comporta un ingreso adicional de gran importancia paras las zonas francas, lo que podría ser valorado muy positivamente por las empresas allí instaladas al comprobar que su impuesto de sociedades se reinvierte en la propia zona franca.
La reunión celebrada este martes ha servido para abordar otros
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