El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) se ha visto envuelto en una controversia este lunes, tras la aprobación de una moción que solicita la renuncia de la líder provincial del PP, Maricarmen Lázaro, por sus acusaciones infundadas contra el personal de la institución, así como de la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, por su supuesta incapacidad para llenar las vacantes de funcionarios en las entidades locales.

Este acuerdo, respaldado por los votos del PSOE, En Común-IU y CHA, subraya la necesidad de defender la profesionalidad y la independencia de los trabajadores públicos, así como la urgencia de que los partidos políticos respeten esta independencia y se abstengan de hacer ataques partidistas hacia los empleados públicos.

Los representantes del PSOE destacaron que el debate extraordinario era necesario debido a las declaraciones de ciertos políticos que han cruzado la línea entre la crítica y el ataque personal a funcionarios de los ayuntamientos de Zaragoza. En particular, señalaron que Lázaro ha cuestionado abiertamente el desempeño de estos trabajadores, sugiriendo motivaciones políticas detrás de su labor.

La moción también hace alusión a comentarios de algunos diputados que han insinuado una supuesta complicidad de la DPZ en la gestión del Ayuntamiento de Aguarón, tras la asistencia del secretario municipal de Tobed a una reunión en Aguarón, que carecía de secretario propio.

El alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, afiliado al PSOE aunque con un proceso de suspensión de militancia por un caso de acoso laboral, ha estado en el punto de mira del PP debido a acusaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con un familiar y el presunto cobro indebido de dietas. Ante esta situación, Sevilla ha remitido un documento a la Fiscalía al considerar que podrían estar ante un delito.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, sugirió inicialmente dejar de lado los puntos relacionados con las dimisiones, pero finalmente se mantuvo la propuesta. Durante su intervención, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, defendió la integridad de los funcionarios ante las críticas de algunos miembros del PP, que, según él, prefieren el escándalo a un debate constructivo.

Compés argumentó que el PP ha escalado sus ataques al proporcionar una narrativa de desconfianza hacia la profesionalidad de los empleados públicos, que él calificó de "campaña de desprestigio". A su juicio, las acciones de la directora general de Administración Local, al elevar las quejas sobre Aguarón a la Fiscalía antes de que la Cámara de Cuentas actuara, sientan un precedente preocupante.

Planteando la situación de Aguarón, Compés defendió la transparencia del concurso en el que se otorgó un contrato y subrayó que el vínculo entre Cucalón y el empresario adjudicatario no era significativo.

Por otra parte, la portavoz del PP, Maricarmen Lázaro, tildó la moción de "farsa" y acusó al PSOE de proteger a Cucalón, cuestionando por qué su partido no ha tomado medidas en su contra si tan graves son las acusaciones. Resaltó la inconsistencia de la argumentación del PSOE y la protección que, a su juicio, le otorgan al alcalde.

Expresando su frustración, Lázaro afirmó sentirse acosada por la propuesta de dimisión y reclamó respuestas sobre la defensa del alcalde por parte de Sánchez Quero, sugiriendo que el mismo está vinculado a intereses ocultos.

Sánchez Quero, por su parte, recordó la historia de intentos previos de destituir a un ex presidente socialista por escándalos similares, negando que hubiera sido él quien interfiriera en el funcionamiento del Ayuntamiento de Aguarón.

Asimismo, subrayó la responsabilidad del Gobierno de Aragón por la falta de nombramientos de secretarios e interventores, enfatizando la necesidad de que estos trabajen más para la ciudadanía y menos para sus agendas políticas, en clara crítica al proceder del PP.

Desde el resto de formaciones, Carlos Rodrigo, de Vox, se opuso a la moción alegando su carácter parcial y pernicioso, mientras que la diputada de En Común-IU, Nerea Marín, optó por no defender a Cucalón, argumentando que los tribunales eran el lugar adecuado para dirimir responsabilidades. De igual modo, el representante de CHA, José Manuel Latorre, expresó su preocupación por la falta de ética en el debate político actual, instando a centrarse en las verdaderas problemáticas que afectan a los municipios.