La Diputación Provincial de Huesca ha anunciado que renuncia al proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya con fondos de la Unión Europea. En su lugar, abogará por redistribuir los 26,4 millones de euros concedidos a otros planes de turismo sostenible. El presidente de la institución provincial, Miguel Gracia, trasladó esta decisión en una carta enviada al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la que insistió en que los plazos no se pueden cumplir. Gracia pidió que estos fondos se distribuyan en una próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las comunidades autónomas a otros planes de turismo sostenible que se hubieran presentado en dicha convocatoria, y solicitó a la Secretaría de Estado de Turismo la redistribución del dinero.

Gracia hizo la renuncia oficial y pública de la DPH en una rueda de prensa debido a que los trámites administrativos están pendientes y dijo que no hay declaración de impacto ambiental, no hay inicio del PIGA, no hay disponibilidad de suelos, no es creíble el cronograma, no tienen constancia de los informes ni conocimiento de los informes jurídico, propuesta y económico que sustentan el convenio, no pueden gestionar el transporte por cable sin cambios legislativos y no tienen el convenio económico. Además, especificó que no hay disponibilidad de suelos porque el pleno del Ayuntamiento de Jaca, que tiene propiedad en Astún, no estaba dispuesto a ello.

La renuncia no significa que rechacen el proyecto. Gracia enfatizó que en breve entrará en vigor una nueva ley aragonesa sobre contratación pública por la que la DGA podría asumir la contratación de las obras y se reducirían los plazos. A pesar de la renuncia, el presidente de la institución provincial aseveró que este proyecto tiene un componente ambiental tremendo y por eso se cuestionan los tiempos, pero muchos de los proyectos de las comarcas no tienen este componente ambiental como es el Canal Roya ni tampoco social. Él cree que las comarcas tienen tiempo para presentar sus proyectos alternativos y que el proyecto merece seguir.

Miguel Gracia lleva tiempo alertando de que no se podían cumplir los plazos, pero ante las insistencias que apuntaban a lo contrario y la responsabilidad que entiende le ha recaído en este sentido, ha decidido hacer pública y oficial su renuncia. Gracia expresó que es tristeza y pena, porque tener que renunciar a un planteamiento de 26 millones de euros nunca es fácil y, por eso, la comunidad autónoma no debería perderlo.

El presidente de la institución provincial aseguró enfáticamente que se debe redistribuir el dinero mencionado y se atrevió con una tranquilidad absoluta y una conciencia muy tranquila a decirlo.