El Ministerio del Interior se encuentra en las etapas finales de negociación de un nuevo acuerdo con la Xunta de Galicia para la renovación de la Unidad de Policía Adscrita en esta comunidad autónoma, tras haber alcanzado un pacto similar con Andalucía recientemente. Asimismo, se están llevando a cabo conversaciones con las administraciones de Aragón y la Comunitat Valenciana, según han indicado fuentes del ministerio a Europa Press.

Estas unidades están organizadas bajo la supervisión de la Dirección General de la Policía Nacional, aunque operan funcionalmente bajo las consejerías de Interior de cada comunidad autónoma, según los convenios establecidos. Esto implica que, según lo pactado, la Policía Adscrita se encargará de diversas tareas que incluyen la protección de autoridades, la vigilancia de instalaciones autonómicas, y asuntos cruciales como el absentismo escolar y la salvaguarda del medio ambiente y el patrimonio cultural.

Las negociaciones con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están tomando forma un año después de tensiones y críticas mutuas. En enero de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había enviado una carta a estos gobiernos instándoles a cubrir la mitad de los costes de funcionamiento de estas unidades policiales.

En su misiva, el ministro abordó las preocupaciones manifestadas por los gobiernos autonómicos del PP, señalando que estaba al tanto de las "dificultades" que suponía la falta de actualización de las unidades. "Me encuentro totalmente comprometido con realizar los esfuerzos necesarios para conservar y recuperar sus capacidades", subrayó Grande-Marlaska.

Además, el ministro destacó que era "fundamental" que las comunidades autónomas cumplieran con la Ley Orgánica 2/1986, que establece la responsabilidad de financiar las unidades adscritas mediante el aporte de un 50% de los costos de mantenimiento anual.

Las negociaciones lideradas por la Secretaría de Estado de Seguridad culminaron con la firma del convenio con la Junta de Andalucía el 13 de febrero, en el cual el Gobierno andaluz se comprometió a asumir el 50% de las retribuciones del personal, además de los costos asociados a las inversiones y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos necesarios para el funcionamiento de la unidad.

Este acuerdo, considerado un logro tras años de demanda y comunicación constante con el Ministerio, fue aclamado por el consejero andaluz de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, quien afirmó que la realidad se ha conseguido gracias al diálogo y la lealtad institucional. El convenio prevé la incorporación de 270 nuevos efectivos a la Unidad de Policía Nacional Adscrita durante los próximos cuatro años, elevando el total a 632 agentes.

Por otra parte, la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior están entablando negociaciones de alto nivel para actualizar su convenio respecto a la unidad policial en Galicia, como confirmaron fuentes de ambos gobiernos el 21 de febrero. En el centro de esta discusión está la financiación de la unidad, que opera en la región desde 1991, así como la solicitud de un aumento en la dotación de efectivos, una necesidad que ha sido reiteradamente exclamada en el Parlamento de Galicia.