ZARAGOZA, 26 de septiembre. El Consejo de Gobierno de Aragón ha tomado una decisión crucial en su reunión de este viernes, rechazando el Anteproyecto de Ley Orgánica que propone medidas excepcionales para la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas. Este anteproyecto, que se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, fue criticado por la vicepresidenta Mar Vaquero, quien lo calificó de "falsa condonación".

En la conferencia de prensa posterior al Consejo, Vaquero no dudó en calificar el anteproyecto como "arbitrario e injusto". Según sus declaraciones, esta iniciativa no aborda la infrafinanciación que sufren los servicios públicos y alertó de que podría llevar a los ciudadanos aragoneses a una carga financiera mayor, aumentando la deuda per cápita en 253 euros. Además, cuestionó la naturaleza del documento, afirmando que, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, Aragón debería recibir más quitas de las que se han calculado hasta ahora y criticó la falta de rigor en el proceso.

El Gobierno de Aragón, en sus alegaciones, enfatiza la necesidad de una revisión del sistema de financiación autonómica dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Afirma que este anteproyecto, lejos de resolver los problemas de financiación de la comunidad, parece responder más a compromisos políticos entre ERC y el PSOE que a una verdadera voluntad de mejorar la situación financiera de Aragón. Vaquero argumenta que este acuerdo no fue consensuado con las comunidades autónomas y denuncia la falta de consulta, señalando que el AiREF ha indicado que los recursos liberados no son aplicables a servicios públicos esenciales.

En su documento de alegaciones, el Ejecutivo autonómico sostiene que el anteproyecto contraviene principios fundamentales establecidos en la Constitución, como son la igualdad, la solidaridad entre territorios, la estabilidad presupuestaria y la prohibición de arbitrariedad. Asimismo, denuncian que lo que se presenta como condonación es, en realidad, una simple transferencia de deuda al Estado, lo que equivale a una distribución desigual de las cargas financieras que perjudica a Aragón.

Desde el Gobierno aragonés, se critica la metodología utilizada en la distribución de recursos, argumentando que favorece a aquellas comunidades con un mayor nivel de endeudamiento y penaliza a las que han mostrado una gestión financiera más responsable. Las alegaciones advierten sobre el riesgo moral que esta propuesta podría generar, ya que podría desincentivar la responsabilidad fiscal entre las comunidades autónomas.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha solicitado que se suspenda el avance del anteproyecto hasta que se lleve a cabo, de manera conjunta y prioritaria, una reforma del sistema de financiación que garantice recursos adecuados para los servicios públicos y una repartición equitativa entre las diferentes comunidades.