24h Aragón.

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El Gobierno de Aragón desafía la ley de amnistía con recurso al Constitucional tras aval del Consejo Consultivo.

El Gobierno de Aragón desafía la ley de amnistía con recurso al Constitucional tras aval del Consejo Consultivo.

El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, tras recibir el respaldo de un dictamen del Consejo Consultivo que avala su legitimidad para hacerlo. La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha anunciado que el plazo para presentar este recurso es de tres meses desde la aprobación de la norma. Vaquero ha expresado su confianza en que otras Comunidades Autónomas se unan a esta iniciativa en defensa de la democracia y el Estado de derecho.

En una rueda de prensa, la portavoz ha enfatizado la necesidad de proteger los intereses de los aragoneses que se ven afectados por esta ley y ha destacado la importancia de la unidad nacional. Vaquero ha señalado que el Gobierno autonómico obtuvo el respaldo del Consejo de Gobierno el pasado marzo para solicitar el informe del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Según Vaquero, el dictamen del Consejo Consultivo ha sido claro y contundente al confirmar la legitimidad del Gobierno autonómico y de las Cortes de Aragón para interponer este recurso, que se extiende a otras Comunidades Autónomas. Aragón se ve especialmente afectado por motivos culturales e históricos, al formar parte de la Corona de Aragón junto con Cataluña.

La vicepresidenta ha subrayado que Aragón no tolerará ningún intento de menoscabar sus intereses y ha calificado la ley de amnistía como un ataque a la Constitución, al Estado de derecho y a la democracia. Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (VOX), ha apoyado esta iniciativa, argumentando que la ley de amnistía vulnera la separación de poderes y beneficia a delincuentes implicados en actividades inconstitucionales.

Nolasco ha criticado la amnistía por otorgar impunidad a personas vinculadas con actos ilegales en Cataluña y ha señalado que su aprobación fue un requisito impuesto por los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ha advertido que esta norma supone una desviación de poder y un trato desigual ante la ley que afecta a toda España.

El Gobierno de Aragón se compromete a utilizar todos los recursos legales disponibles para evitar la aprobación de esta ley, que consideran perjudicial para la legalidad y la democracia en el país. La vicepresidenta Vaquero ha destacado la postura del PP como fuerza constitucionalista y ha expresado su rechazo a apoyar un gobierno que vaya en contra de los principios constitucionales.

En medio de la inestabilidad política y las tensiones provocadas por la dependencia de los votos independentistas en el Congreso, el Gobierno de Aragón se posiciona en defensa de la unidad de España y los valores democráticos.