El Gobierno de Aragón ha dado un paso importante hacia la inclusión educativa al anunciar que, a partir del curso académico 2025-2026, se implantará la concertación del bachillerato en todos los centros de esta comunidad. Tomasa Hernández, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, informó sobre esta iniciativa durante una rueda de prensa, resaltando que esta medida estará ligada a un nuevo presupuesto que se aprobará para el año 2026.

Acompañada de Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Hernández se reunió con representantes de las familias de la educación concertada y con los directores de los colegios. El objetivo de estas charlas fue presentar el modelo en el que se está trabajando para asegurar que el bachillerato concertado sea una realidad en Aragón.

La consejera detalló que existen 54 unidades educativas en la comunidad que podrían beneficiarse de este concierto. Sin embargo, para acceder a este apoyo, los centros educativos deberán solicitarlo específicamente. Este concierto es considerado singular, ya que no cubre todos los gastos, sino que asigna una cantidad por módulo, establecida en aproximadamente 126.000 euros por módulo y por curso académico.

El proyecto se implementará inicialmente con el segundo año de bachillerato, seguido por la inclusión del primer año en el curso escolar posterior. Un total de 16.000 alumnos en la comunidad se encuentran en esta etapa educativa, de los cuales 3.600 están matriculados en centros concertados, lo que implica que alrededor de 1.800 estudiantes podrían beneficiarse en el primer año de implementación.

Hernández subrayó que, a pesar del desafío financiero que representa esta iniciativa, se garantizara la concertación para todos los centros que cumplan con los requisitos establecidos, sin restricciones de ubicación o condiciones. Este compromiso se traduce en una inversión de 3 millones de euros para el primer cuatrimestre del año 2026, y una proyección total de 7 millones de euros anuales, siempre que se valide el presupuesto por parte de la comunidad.

La implementación de la concertación del bachillerato responde a una demanda constante de las familias aragonesas, enfocándose en garantizar la libertad de elección educativa tal como establece el artículo 27 de la Constitución Española. Esta medida busca que el acceso a una educación de calidad no dependa de factores económicos, fomentando así un sistema educativo plural y diverso.

El modelo de bachillerato concertado permitirá que las familias elijan un centro educativo sin que el costo sea una carga, ofreciéndoles igualdad de oportunidades a las que ya disfrutan en instituciones públicas y concertadas. “El concierto educativo no restringe, sino que permite la elección del ciudadano”, recalcó la consejera, señalando que otras comunidades, como el País Vasco y Andalucía, ya han adoptado este modelo con éxito.

La consejera explicó que esta concertación es especialmente relevante por tratarse de niveles educativos no obligatorios. Esto significa que las administraciones podrán fijar en los presupuestos los límites económicos que las familias deberán cubrir para complementar la financiación del módulo establecido.

Además, Hernández enfatizó la importancia de permitir que los estudiantes continúen en el mismo centro educativo desde los 3 hasta los 18 años, y aseguró que se desarrollarán normativas para maximizar el número de familias beneficiarias.

Por su parte, Miguel Ángel Sarralde, presidente de Fecaparagón, expresó su satisfacción con esta medida, subrayando que responde a una necesidad planteada por las familias, lo que permitirá avanzar en la calidad educativa de la región. Sarralde hizo un llamado a los partidos políticos para que se comprometan a asegurar un presupuesto que respalde esta iniciativa tan valiosa para los habitantes de Aragón.

La implementación del bachillerato concertado también ha sido recibida con entusiasmo por José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas, quien afirmó que responde a una demanda histórica del sector y abre nuevas oportunidades educativas para todos. Por último, José María Marín, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Aragón, calificó la medida como “fundamental” y una respuesta a las solicitudes realizadas durante años por su entidad, destacando que garantizará la continuidad educativa para aquellos alumnos que, al comenzar su formación, no deberían tener que cambiar de institución al llegar a los 16 años por motivos económicos.