ZARAGOZA, 22 Ene. - El Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha advertido de que el Gobierno de Aragón "deja desprotegidos" a los funcionarios y ciudadanos que quieran denunciar casos de corrupción pública. Según el sindicato, el Gobierno autonómico, encabezado por Jorge Azcón, no cumple con la obligación legal de proporcionar un canal de denuncias para alertar sobre casos de corrupción en la Administración.

STEPA ha criticado que la transposición de la Directiva europea de informantes a la legislación aragonesa aún no se ha implementado de manera efectiva, incluso después de medio año de su aprobación. El sindicato ha señalado que el Gobierno no ha habilitado ni publicitado un sistema para recibir las denuncias de corrupción.

El sindicato ha destacado que el acuerdo publicado en el Boletín Oficial de Aragón en agosto de 2023, que establece un sistema interno de información para la protección de los informantes, es una norma que carece de efectividad y que el Gobierno actual no ha desarrollado ni puesto en marcha.

STEPA ha responsabilizado tanto al Gobierno anterior, liderado por Javier Lambán, como al actual de Jorge Azcón, por desamparar y no brindar la protección adecuada a los funcionarios y ciudadanos que deseen revelar casos de corrupción o infracciones importantes.

El sindicato ha señalado que el acuerdo se publicó fuera de plazo y con deficiencias en la legislación aragonesa, mostrando poco interés y falta de avance. Además, el convenio con la Autoridad Independiente de Protección del Informante aún no se ha firmado.

Además, la página web del Gobierno de Aragón no cuenta con un enlace fácilmente identificable para informar sobre la presentación y la gestión de las denuncias, a diferencia de otras instituciones como la Casa del Rey.

STEPA ha denunciado esta situación en la Mesa Sectorial y ha destacado que el incumplimiento de la Directiva demuestra la falta de transparencia y la falta de protección de los intereses públicos y los derechos de los trabajadores.

El sindicato ha criticado tanto al PSOE como al PP por mantener las mismas políticas de ceses ilegales y caos en la Administración. Además, ha recordado que el Gobierno de Aragón se comprometió por escrito a estabilizar las plazas de trabajadores en situación de abuso y no despedir a ningún trabajador en fraude de ley, pero no ha cumplido estas promesas.