En un reciente encuentro en Badalona, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, unió fuerzas con otros alcaldes de diversas localidades para hacer un llamado enérgico por una “financiación justa” para los gobiernos municipales. Durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), realizada el pasado lunes, se enfatizó la necesidad de que el Ministerio de Hacienda permita a los ayuntamientos gestionar libremente los remanentes que generan, en lugar de destinarlos únicamente a la amortización de la deuda.

“La preocupación es palpable entre todos los alcaldes de España”, afirmó Chueca, subrayando la concordancia que existe entre ediles de diferentes partidos políticos. Esta coalición inusual pone de manifiesto la urgencia y el consenso sobre la relevancia de abordar esta problemática desde todos los ángulos políticos.

La alcaldesa destacó que, lejos de contribuir a un déficit estatal, los municipios están en una situación de superávit. “Con esos excedentes, es fundamental que tengamos la libertad de realizar inversiones financieramente sostenibles en vez de estar obligados únicamente a saldar deudas”, insistió Chueca.

Este clamor por un manejo más flexible de los fondos se ve respaldado por otros líderes municipales, como María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la FEMP, así como Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Los líderes planean remitir un comunicado al Gobierno que incluya estas solicitudes y preocupaciones.

García-Pelayo criticó la falta de diálogo del Gobierno hacia los ayuntamientos, especialmente tras la decisión de condonar deudas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades autónomas, sin considerar una medida similar para los municipios. “No estamos mendigando, simplemente exigimos lo que nos corresponde por derecho”, remarcó.

Además, la FEMP plantea la necesidad de mantener las subvenciones para el transporte público y evitar recortes en este aspecto, advirtiendo que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha dejado a los consistorios con una pérdida aproximada de 1.159 millones de euros.

Chueca subrayó la urgencia de actualizar las entregas a cuenta, señalando que la vicepresidenta Montero había indicado anteriormente que era necesario un ajuste de alrededor del 13%, un compromiso que, según la alcaldesa, no se ha visto cumplido debido a la falta de un presupuesto aprobado. “Pedimos que se resuelva esta cuestión esencial para los municipios de todos los colores políticos”, afirmó con firmeza.

En el caso concreto de Zaragoza, la falta de actualización de las entregas a cuenta podría significar pérdidas superiores a 60 millones de euros anuales. “Es fundamental que el Ministerio de Hacienda ofrezca una solución a los más de 8.500 ayuntamientos que componen nuestro país”, concluyó la alcaldesa, reafirmando la necesidad de acción inmediata.