**ZARAGOZA, 26 de octubre** - El próximo jueves 30 de octubre, CHA llevará al Pleno de las Cortes de Aragón una propuesta que busca salvaguardar el sistema educativo público en la región, en oposición a la reciente iniciativa del Gobierno de Aragón para establecer conciertos en la etapa de Bachillerato.

La propuesta, que será presentada por Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz del grupo en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, tiene como objetivo reafirmar el compromiso hacia una educación pública que garantice calidad, igualdad y accesibilidad para todos los estudiantes, oponiéndose a cualquier desviación de recursos públicos hacia la educación privada.

Isabel Lasobras subrayó: “El Gobierno de Aragón debe comprometerse de manera firme a impulsar la red educativa pública, en lugar de destinar fondos a conciertos innecesarios en niveles educativos no obligatorios como el Bachillerato”.

La agrupación aragonesista destaca que numerosos actores de la comunidad educativa, incluyendo sindicatos y diversas organizaciones sociales, han manifestado su rechazo ante estas medidas. Además, enfatizan que la red pública es capaz de atender la demanda actual de los estudiantes y advierten que la concertación representaría un uso inapropiado de recursos públicos.

Según datos de FAPAR, solo en los centros públicos de Zaragoza hay hasta 700 vacantes disponibles en el primer curso de bachillerato, además de otro centenar en las áreas de Altoaragón y las comarcas de Teruel.

“No se puede justificar la creación de conciertos en Bachillerato cuando hay aulas públicas cerradas o infrautilizadas. Los fondos públicos deben dirigirse a mejorar la calidad del sistema educativo público y no servir para enriquecer intereses privados”, añade Lasobras.

La propuesta de CHA solicita al Gobierno de Aragón que priorice el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, renunciando a la concertación de Bachillerato y redirigiendo los recursos hacia la mejora de la infraestructura pública, la reducción del número de alumnos por aula, la estabilidad del profesorado interino, las condiciones laborales y el apoyo educativo en áreas rurales.

“Defender la educación pública es una cuestión de defender la equidad, la justicia social y el futuro de Aragón. No podemos permitir que los recursos destinados a garantizar estos principios acaben fortaleciendo redes privadas”, concluye Isabel Lasobras.