El 15 de noviembre en Madrid y Toledo, la Guardia Civil ha dado un paso decisivo en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, al abrir una investigación sobre cuatro individuos vinculados a una red criminal que se dedicaba al comercio clandestino de animales exóticos. Esta acción forma parte de la operación 'Suartx', que se desarrolló en la localidad de Burgohondo, en la provincia de Ávila.

Durante la operación, se han recuperado un total de 472 animales exóticos, que incluyen especies en peligro como la tortuga leopardo, tortuga mediterránea y el varano del Nilo, así como diversas iguanas y tarántulas. La Guardia Civil estima que el valor económico de estos animales asciende a 85.000 euros, lo que pone de manifiesto la magnitud de esta actividad ilícita.

La investigación, liderada por el Seprona, se inició en junio de 2023 tras identificar irregularidades en plataformas digitales, donde se sospechaba que se desarrollaba esta actividad ilegal. Los agentes profundizaron en la situación y hallaron que los sospechosos estaban vinculados a una organización que operaba bajo la apariencia de una ONG. Esta entidad recaudaba fondos para el cuidado de los animales, utilizando donaciones que provenían de una estrategia de marketing en redes sociales.

Sin embargo, la supuesta ONG no solo estaba en el ojo del huracán por el tráfico de animales, sino también por ofrecer cursos y oportunidades de voluntariado a individuos que laboraban sin la debida afiliación a la seguridad social, lo que representa un grave incumplimiento laboral. Como consecuencia de estos hallazgos, las autoridades han abierto procedimientos judiciales en contra de los implicados por diversos delitos, como contrabando y estafa, entre otros.

La operación ha contado con la colaboración de expertos de CITES, así como con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, evidenciando así un trabajo conjunto para combatir el crimen ambiental. Las diligencias surgidas de esta investigación han sido enviadas al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, donde se espera que se dé un seguimiento riguroso a este caso que pone de manifiesto la urgente necesidad de proteger nuestra biodiversidad.