El 1 de abril de 2023, la Comunidad Autónoma de Aragón ha hecho oír su voz en relación con el sistema de financiación autonómica, exigiendo un aumento de la ponderación de las variables correctivas que afectan a la despoblación, dispersión y orografía, elevándolas al 5 por ciento. Esta solicitud se contrasta con la propuesta del Ministerio de Hacienda, que sugiere incrementarlas al 4 por ciento desde el actual 3 por ciento.

Durante una conferencia de prensa, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, destacó que su objetivo no es generar conflictos, sino avanzar en la búsqueda de un entendimiento que beneficie a todos. "Estamos en un camino constructivo, tratando de alcanzar una solución", señaló.

Bermúdez de Castro subrayó la imperiosa necesidad de considerar los costos fijos, la despoblación y la orografía en la discusión sobre el nuevo modelo de financiación, ya que el actual sistema perpetúa desigualdades entre territorios. "Debemos enfrentar este tema de manera integral, no construir soluciones fragmentadas", enfatizó, abogando por una "negociación consultiva" que clarifique las expectativas sobre la financiación y el ajuste poblacional.

Un informe de la Cámara de Cuentas revela que el gasto en servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales en Aragón alcanzó los 2.958 euros por habitante ajustado en 2022, lo que se traduce en un déficit de 398 euros por habitante en términos de financiación. Esta situación es un indicador claro de cómo la falta de ingresos ha afectado a la comunidad, haciendo necesario un cambio hacia un modelo más equilibrado que aborde la crítica situación demográfica de la región.

El informe enviado al Ministerio de Hacienda enfatiza que ignorar estas necesidades es "condenar" a los ciudadanos a servicios de calidad inferior o, incluso, a la imposibilidad de ofrecer dichos servicios. Por tanto, es crucial que se integren, en la estructura de financiamiento, las variables relacionadas con la orografía y la despoblación, para garantizar una distribución más equitativa de los recursos.

El consejero argumentó que las variables de despoblación, dispersión y orografía son evidentes para cualquiera que conozca Aragón. "No se necesita ser un experto para ver la realidad que enfrentamos", afirmó. De hecho, reiteró que la propuesta de Aragón se basa en aumentar el peso de estas variables correctivas al 5 por ciento, sugiriendo que dentro de la ponderación general, la sanidad debería recibir entre un 43 y un 45 por ciento, la educación entre un 19 y un 20,5 por ciento, los servicios sociales entre un 10 y un 12 por ciento, y el resto de servicios entre un 16 y un 18 por ciento.

De acuerdo con la propuesta, el 5 por ciento destinado a variables correctivas contemplaría una asignación del 2 al 2,3 por ciento para la superficie, así como un 0,5-0,6 por ciento para dispersión, insularidad y despoblación, y de 0,6 a 1 por ciento para los costos fijos. El consejero reconoció el carácter complejo del asunto, lo que ha llevado a solicitar una "reunión urgente" con Inés Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local, para explicar a fondo las demandas aragonesas.

A pesar de la buena relación mantenida con el Gobierno central, Bermúdez de Castro expresó su frustración por la falta de comunicación directa con la ministra María Jesús Montero, lo que dificultó la colaboración en estas cuestiones. La orografía singular de Aragón, caracterizada por su relieve montañoso y las adversidades climáticas, impone un coste adicional y crea obstáculos para el acceso equitativo a servicios básicos.

Eso se refleja en que un 40 por ciento de los municipios de la comunidad están catalogados como 'Zonas Desfavorecidas de Montaña', siendo Huesca y Teruel los más afectados, con más del 45 y casi el 85 por ciento de sus municipios en esta categoría, respectivamente. En concreto, 25 de los municipios más elevados de España están ubicados en Aragón, lo que genera un desafío adicional para la infraestructura y los servicios.

El Gobierno aragonés también demanda que, de manera análoga a la cuestión de la insularidad, el factor orográfico sea considerado en el sistema de financiación. Con un total de 690 kilómetros de carreteras que requieren atención constante en mantenimiento, la carga económica sobre la administración es considerable.

El informe que respalda las alegaciones de Aragón argumenta que la distribución poblacional no puede ser simplemente vista como una variable, sino que refleja la necesidad real de servicios en distintas áreas. La OCDE ha corroborado que los costes de educación y otros servicios esenciales son significativamente mayores en las áreas rurales comparadas con las urbanas.

Bermúdez de Castro propone que se establezca un "fondo de nivelación" que permita asegurar una calidad adecuada de servicios mientras se reconfigura el sistema financiero nacional, sugiriendo una cantidad no inferior a 10.000 millones de euros. Además, subrayó que muchas comunidades, incluyendo Aragón, están sufriendo de subfinanciación, lo que ha sido respaldado por la Cámara de Cuentas, al señalar que el déficit financiero en la región supera los 500 millones de euros.

Finalmente, el consejero destacó que la inestabilidad del sistema de financiación autonómica, sobre todo en tiempos de crisis, obliga a las comunidades a adoptar medidas drásticas para equilibrar sus economías, planteando la urgencia de reformar el sistema durante un periodo de bonanza económica, ya que la mayor parte de los ingresos proviene de impuestos que son perjudicados en crisis.