ZARAGOZA, 4 de septiembre. En una rueda de prensa celebrada en Zaragoza, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha manifestado la determinación del Gobierno de Aragón de cumplir con sus responsabilidades en la atención a los menores migrantes. Subrayó su compromiso por ofrecer un sistema de protección infantil que sea digno y de calidad, aunque expresó su descontento ante la falta de comunicación por parte del Gobierno central.

“Estamos en una situación de incertidumbre total; carecemos de información concreta sobre el número de menores que debemos atender, ni cuándo llegarán ni sus características”, afirmó Susín, lamentando la escasa colaboración recibida desde el Ejecutivo español.

A pesar de que hasta el momento no se ha activado ninguna plaza para estos menores debido a la ausencia de llegadas, la consejera recordó que el sistema de protección en Aragón dispone de 104 plazas que ya se encuentran saturadas. “Nos enfrentamos a la necesidad de ampliar nuestras capacidades y hemos estado trabajando en ello durante todo el verano, a pesar de las numerosas dificultades”, declaró.

Susín destacó que el trabajo se realiza en tándem con organizaciones sociales, en un contexto de total incertidumbre sobre las características de los menores que se espera acoger. “No sabemos si serán niños de 15, 14 o 17 años, y encontrar los recursos adecuados no está siendo una tarea sencilla”, comentó.

La consejera resaltó los retos que enfrenta su administración para planificar adecuadamente la acogida de estos menores. “Sin embargo, no tengan duda de que cumpliremos la ley y proporcionaremos las garantías necesarias en un sistema de protección que es competencia de nuestra comunidad autónoma, no del Gobierno de España”, insistió.

Susín también criticó lo que considera una actitud “irresponsable” del Gobierno central, que no ha proporcionado la información necesaria a las comunidades autónomas. “Es muy complicado trabajar sin datos y encontrar espacios dignos para atender a estos menores, así como personal calificado para ello, sin conocer sus necesidades específicas”, añadió.

Además, la consejera recordó la postura del Gobierno de Aragón respecto al reparto de menores no acompañados. Según Susín, el real decreto que establece las normas de acogida es “inconstitucional” y supone una invasión de competencias autonómicas.

Susín arremetió contra el Ejecutivo español, señalando que, en lugar de buscar un consenso, ha optado por imponer decisiones. “Parece que su interés está más en satisfacer a los partidos independentistas que en realmente ayudar a estos menores”, aseveró, refiriéndose a la falta de acogida en regiones como Cataluña.

La consejera hizo hincapié en que “la verdadera xenofobia radica en ceder ante el chantaje de aquellos que se oponen a la acogida de menores migrantes en sus comunidades”, y reiteró que el Gobierno aragonés impugnará “cada uno de los actos normativos y administrativos” vinculados al decreto ya recurrido al Tribunal Constitucional.

Para Susín, la negativa de Aragón a aceptar esta redistribución de menores responde a una “invasión competencial” y una reacción ante un Ejecutivo español que, a su juicio, está cada vez más acorralado políticamente. “No somos un gobierno insumiso; cumplimos la ley y trabajamos dentro de un marco de Estado de Derecho”, concluyó.