El Gobierno de Aragón, bajo la dirección del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha dado a conocer este jueves la adjudicación del servicio de transporte sanitario no urgente a la firma Servicios Sociosanitarios Generales Spain. Este acuerdo se formalizó el día de hoy y entrará en vigor el 31 de agosto, incorporando mejoras salariales significativas para los trabajadores, que oscilarán entre un 18,36% en la primera nómina y un máximo de 27,54% a lo largo del contrato, con una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros dos.

El transporte sanitario no urgente, que también se conoce como transporte programado, es esencial para trasladar a pacientes de sus hogares o residencias a las instalaciones hospitalarias, así como para la vuelta a casa tras recibir el alta médica.

La concesión del servicio tiene un coste total de 55.513.216,16 euros, lo que representa un aumento notable del 34,6% en comparación con la anterior adjudicación de este servicio.

Bancalero manifestó que el conflicto laboral en el ámbito del transporte sanitario, tanto el urgente como el no urgente, es un legado de la administración anterior y que el actual Gobierno se encontró "atado de pies y manos", sintiéndose obligado a respetar los contratos preexistentes.

A pesar de dichas limitaciones, el consejero subrayó que el Ejecutivo no se ha rendido y ha trabajado arduamente durante los últimos dos años para mejorar un servicio que es fundamental para la cohesión territorial en Aragón.

Para lograrlo, el Gobierno ha enfocado su labor en tres áreas clave. Primero, ha buscado resolver las problemáticas en el transporte sanitario urgente en los primeros cien días de su gestión, y ahora se enfoca en la licitación de un contrato innovador para el transporte no urgente, que no solo incluye mejoras salariales, sino también compromisos adicionales por parte del contratista para asegurar condiciones laborales dignas para los empleados.

El principal objetivo de esta estrategia, según Bancalero, es precisamente optimizar la calidad del servicio y resolver el conflicto laboral heredado, que ha sido impulsado por la escasez de profesionales y la falta de actualización de los salarios de los trabajadores.

En complemento a esto, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 15 millones de euros en el transporte sanitario urgente y 14,3 millones en el transportes no urgente, lo que representa un incremento del 34,7%. Esta inversión destaca el compromiso del Ejecutivo por fortalecer este sector.

Asimismo, Bancalero ha destacado la importancia de fomentar el diálogo y la colaboración entre las empresas adjudicatarias y el personal, con el propósito de encontrar soluciones que pongan fin al conflicto. Como muestra de esta iniciativa, mencionó las "numerosas reuniones" que ha llevado a cabo el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Respecto al nuevo contrato de transporte sanitario programado, el titular de Sanidad se mostró optimista, confiando en que las mejoras laborales impactarán positivamente en la atención a los usuarios.

Bancalero reafirmó el compromiso del Gobierno de Aragón de mejorar las retribuciones, que comenzarán con un incremento del 18,36% en la primera nómina y alcanzarán un 27,54% al concluir el contrato.

Por su parte, Ramón Boria, director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, comentó que la empresa adjudicataria, que opera desde Sevilla, ya cuenta con experiencia en varias comunidades autónomas españolas.

La compañía debe estar lista para iniciar sus operaciones el 31 de agosto. Para ello, aporta 134 nuevos vehículos ecoeficientes, mejorando también la suspensión y la carrocería.

En total, el nuevo contrato contempla un equipo de 285 trabajadores, incluye la subrogación de la actual plantilla y la contratación de entre 12 y 15 nuevos empleados, principalmente para atender el déficit de conductores en Huesca y auxiliares en Zaragoza.

Boria destacó que la adjudicataria tiene excelentes referencias y fue la más valorada en el proceso de selección.

En relación a la huelga que afecta al servicio, Bancalero aclaró que esta se refiere a la empresa anterior y no incide en la nueva adjudicación. Este conflicto ha llevado a penalizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que aún gestiona el servicio, especialmente en Huesca, donde se han registrado dificultades para realizar los traslados habituales, afectando la disponibilidad de habitaciones para otros pacientes.