Aragón impugna la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.

En una acción contundente, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña el día de hoy, basándose en dos pilares fundamentales.

Por un lado, se argumenta la vulneración del principio de independencia del Poder Judicial y la separación de poderes; por otro, se destaca la transgresión de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que resulta en la infracción de la obligación de promover condiciones para la real y efectiva libertad e igualdad de los individuos y los grupos a los que pertenecen.

El escrito presentado por el Gobierno de Aragón sostiene que se produce "una quiebra total del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, al vulnerar el valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, excluyendo así al poder político del control judicial".

De acuerdo con la Constitución, la función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales, independientemente de los poderes Legislativo y Ejecutivo, excepto en casos de indulto individual.

La Ley Orgánica en cuestión viola el principio de separación de poderes al suplantar al poder judicial con el legislativo, argumentando la necesidad de "desjudicializar" la situación.

Además, el recurso presentado por Aragón señala una clara vulneración del principio de igualdad que tienen todos los ciudadanos ante la Ley, al otorgar impunidad selectivamente a ciertas personas vinculadas a motivaciones políticas en Cataluña, en detrimento del resto de ciudadanos españoles.

Esta exclusion de la aplicación de la Legislación Punitiva para un grupo específico de ciudadanos en una región y en un momento determinado se considera contrario a la legalidad y a la seguridad jurídica, socavando la función judicial sin justificación.

Tras recibir el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, se identifican claros vicios de inconstitucionalidad en la Ley de Amnistía, permitiendo a la Comunidad Autónoma de Aragón interponer un recurso de inconstitucionalidad.

En otras once comunidades autónomas se han aprobado iniciativas de rechazo a esta propuesta normativa, como Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Baleares y Canarias, demostrando un amplio rechazo a nivel nacional.