ZARAGOZA, 13 de marzo. En una jornada clave para el bienestar social en Aragón, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, tomó parte en la reunión plenaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en Madrid.

Este encuentro, que reunió a diversas Comunidades Autónomas, fue el escenario donde el Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, presentó el Anteproyecto de Ley destinado a modificar el marco normativo sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Una iniciativa que ha suscitado diversas reacciones en torno a su viabilidad y financiamiento.

Durante su intervención, Susín subrayó la necesidad de que el Gobierno de España se comprometa de manera clara y tangible a financiar legalmente la dependencia, pidiendo un cronograma definido y cifras que respalden este compromiso. "Es crucial que cualquier reforma vaya acompañada de una memoria económica real y suficiente", enfatizó.

La consejera expresó su preocupación ante la posibilidad de que, sin un aumento significativo en la financiación estatal, esta reforma termine siendo solo otro ejemplo de "derechos de papel". Señaló que actualmente el Gobierno central no cumple ni siquiera con el 50% de la financiación que establece la normativa vigente, lo que pone en riesgo la atención a personas dependientes.

En su análisis, Susín criticó la situación en la que se encuentran las Comunidades Autónomas, incluyendo Aragón, que están asumiendo la carga de financiar la atención a la dependencia, y recordó que el Real Decreto 675/2023 se implementó sin los recursos financieros necesarios. "Las Comunidades hemos tenido que cubrir todos los costes desde el inicio", agregó, haciendo referencia a la mejora y flexibilización de las condiciones de acceso a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar en la región.

Los datos del gasto en Aragón destinados al sistema público de atención a la dependencia reflejan una inversión de más de 291 millones de euros en 2023, con proyecciones que superan los 310 millones para 2024. Sin embargo, la participación del Estado en este financiamiento fue de solo 98 millones, lo que significa que la comunidad tuvo que cubrir más del 66% de los costos.

Además, destacó que cualquier mejora en el nivel acordado de financiación, que lleva congelado desde 2023, está ligada a objetivos que, si no se cumplen, repercuten negativamente en las arcas autonómicas. "Los esfuerzos de las Comunidades que cumplen con estos indicadores son penalizados", lamentó Susín.

La reunión también abordó un acuerdo sobre criterios de acreditación y calidad para los servicios del SAAD, lo cual implica que las Comunidades Autónomas deberán realizar inversiones adicionales sin la compensación adecuada por parte del Gobierno Central.

Frente a esta situación, la consejera de Bienestar Social y Familia expuso que Aragón continuaría denunciando la falta de apoyo económico del Estado. Según Susín, "hemos llegado a un punto donde el Gobierno ya está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema público de dependencia, y esto afecta directamente a quienes estamos cumpliendo nuestras responsabilidades más allá de lo que nos corresponde".

En esta sesión plenaria también se determinaron los criterios de distribución del crédito para 2025, que incluye financiamiento para programas de protección a la familia, atención a la pobreza infantil y servicios sociales básicos, excluyendo a comunidades que gozan de un régimen especial como el País Vasco y Navarra, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla.