ZARAGOZA, 16 de septiembre. El Ejecutivo aragonés ha formalizado observaciones al proyecto de Real Decreto que busca regular la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos en la comunidad.

Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, ha afirmado que el Gobierno autonómico apoya las inversiones en tecnología estratégica y demanda una regulación que equilibre la sostenibilidad con el fomento de la inversión. "Es imperativo que la normativa no limite el crecimiento de un sector crucial", ha declarado.

En sus alegaciones, el Gobierno de Aragón destaca que la región se ha convertido en uno de los principales centros de datos de Europa del Sur, con inversiones planeadas que superan los 48.000 millones de euros. Esto posiciona a Aragón como un actor clave en la transformación digital y la soberanía tecnológica de España, señalaron desde el Ejecutivo.

"La magnitud de estas inversiones demuestra que no es un fenómeno temporal o restringido a una zona específica; es necesario desarrollar una estrategia nacional que transforme el estatus de España en el panorama digital europeo", añadió el Gobierno de Aragón, que también destacó la importancia de garantizar un acceso adecuado a la red eléctrica para diferentes sectores industriales.

El Ejecutivo afirma que la creación de centros de datos representa una oportunidad sin precedentes para el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la modernización de la industria, extendiendo sus beneficios más allá del ámbito autonómico. "Aunque Aragón ha sabido atraer capital internacional, los frutos de esta inversión beneficiarán a toda la nación", sostuvieron.

Las alegaciones subrayan que "Aragón está comprometida con la eficiencia energética, pero es fundamental contar con una regulación equilibrada". Según el Ejecutivo, sería un error histórico desperdiciar estas oportunidades por una regulación excesivamente restrictiva, lo que podría comprometer no solo la economía regional, sino también la posición de España en sectores estratégicos.

Por ello, el Gobierno de Aragón pide que la normativa siga las recomendaciones europeas, promoviendo el crecimiento en lugar de obstaculizarlo, y asegurando que la legislación esté alineada con los objetivos estratégicos del país en cuanto a digitalización y competitividad.

El Ejecutivo aragonés ha advertido que si el Real Decreto impone requisitos demasiado estrictos, se podrían socavar principios fundamentales como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, lo que desincentivaría la inversión y obstaculizaría la competitividad en el sector.

Además, la normativa podría poner en riesgo la soberanía tecnológica al debilitar las infraestructuras críticas, como los centros de datos, esenciales para la gestión y almacenamiento de información, señala el Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo también sostiene que el Real Decreto podría desbordar competencias en materia energética, ya que la regulación de este ámbito está compartida según la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón. "Cualquier intento del Estado de legislar más allá de lo establecido podría crear inseguridad jurídica y limitar adaptación a las necesidades locales", advierten.

Asimismo, se argumenta que el Real Decreto podría imponer obligaciones que exceden las estipuladas en diversas leyes existentes, afectando la forma en que se otorgan permisos para el acceso a la red eléctrica.

Además, se destaca que la propuesta crea un tratamiento discriminatorio en el acceso a las redes según el tipo de consumo, contraviniendo las Directivas de Electricidad europeas que garantizan un acceso no discriminatorio al mercado energético.

El proyecto también introduce exigencias adicionales, como la notificación de información sobre el empleo creado y el impacto territorial, sin definir cómo se deben recopilar o traducir esos datos. Esta falta de claridad podría poner en riesgo principios fundamentales de confidencialidad y competencia.

En particular, la propuesta de convertir el Código de Conducta Europeo en un requisito obligatorio para invertir en centros de datos altera su naturaleza como iniciativa voluntaria, lo que podría desincentivar la llegada de nuevos proyectos.

Finalmente, el Gobierno de Aragón considera que algunas de las exigencias planteadas por el proyecto son difíciles de cumplir, especialmente en las etapas iniciales de establecimiento de un centro de datos. Como ejemplo, se menciona la necesidad de presentar un plan de aprovechamiento de calor residual antes de asegurar el acceso a la energía, lo que podría interrumpir el proceso de inversión.

El Gobierno de Aragón sostiene que es vital fomentar el aprovechamiento del calor residual, pero sugiere que cualquier análisis relacionado debería realizarse en paralelo a la obtención de permisos, no como un requisito previo que limite el desarrollo de proyectos esenciales para el futuro económico de la región.