La Fiscalía ha solicitado el archivo del caso contra el alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, del PP, al considerar que no se ha demostrado la comisión de un delito. Esta decisión se produce en medio de un proceso judicial que ha despertado gran interés en la localidad zaragozana.

Recientemente, el juez del Tribunal de Instancia de Calatayud ha abierto juicio oral contra Gracia Ruiz por presuntos delitos de prevaricación administrativa y electoral. La responsabilidad de juzgar este caso recaerá en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que determinará las próximas acciones judiciales.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, que sostiene que el alcalde ha incurrido en un delito continuado de prevaricación al no ajustar el censo electoral a la realidad, permitiendo que personas no residentes en el municipio figuren en el padrón. La asociación reclama una pena de dos años de prisión y 15 años de inhabilitación para el cargo público.

No obstante, el Ministerio Público ha argumentado que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones, lo que ha conducido a su petición de sobreseimiento del caso.

Según el auto del juez, Gracia Ruiz, que ha ocupado la alcaldía desde 1995, estaba al tanto de que había personas censadas sin estar realmente viviendo en Monterde. Se informó que el alcalde no tomó las medidas necesarias para rectificar esta situación, actuando en beneficio propio en los procesos electorales, a lo que se le atribuye un posible impacto en los resultados en un municipio pequeño como Monterde, que cuenta con solo 153 habitantes.

Además, el tribunal subraya que Gracia Ruiz tenía conocimiento del problema desde 2016, cuando un concejal del PSOE alertó sobre ciudadanos empadronados únicamente por motivos relacionados con la caza. De estos, al menos 14 son registrados en el censo, de los cuales 12, todos de nacionalidad española, votaron en las elecciones municipales de mayo de 2023, donde el alcalde fue reelegido.

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde ha ido más allá y denuncia en sus movilizaciones una supuesta “inmatriculación irregular de propiedades privadas” por parte de la administración local, que ha generado malestar entre la población, especialmente entre los ancianos del pueblo.

Algunos vecinos han manifestado su inquietud al descubrir que sus propiedades han sido registradas a nombre del Ayuntamiento sin su conocimiento, lo que ha alimentado la controversia en la comunidad y ha llevado a la asociación a intensificar su lucha por la justicia y la transparencia administrativa.