ZARAGOZA, 19 de diciembre. Este viernes, el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha tomado una decisión calculada que promete transformar la infraestructura local: la aprobación unánime del plan +Provincia, un ambicioso programa de ayudas que marca un hito en la historia de la institución. Con una inversión de 123 millones de euros, se prevé la ejecución de 725 proyectos destinados a la mejora de los servicios básicos en los municipios de la provincia, abordando de manera directa el desafío de la despoblación.

Algunos representantes locales han describido este plan como un "premio de lotería" para sus comunidades, aunque varios municipios, incluidos Añón de Moncayo, Biel y La Muela, han quedado excluidos de estos fondos por diversas razones. Esta situación ha generado un palpable descontento, lo que llevó a varios grupos a instar a la DPZ a explorar opciones viables dentro del marco legal para dar acceso a estas ayudas, las cuales no serán redistribuidas sino que quedarán como remanente.

Un notable 54% de los fondos del plan, es decir, 66,4 millones de euros, se destinarán a 357 proyectos relacionados con la pavimentación de calles y la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento. Estas obras, que suelen realizarse de manera conjunta, no sólo mejoran la infraestructura vial, sino que también optimizan los servicios de agua y saneamiento, vitales para la calidad de vida de los residentes.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha destacado el esfuerzo "titánico" de los técnicos en la elaboración de este plan, subrayando que representa la mayor línea de subvenciones jamás aprobada por la institución. El objetivo declarado es combatir la despoblación, mediante la revitalización de los municipios a través de inversiones significativas.

Los ayuntamientos recibirán más de 18,5 millones de euros destinados a realizar 125 proyectos enfocados en la construcción y rehabilitación de viviendas públicas. Esta medida tiene como fin atraer a nuevos habitantes a las áreas más afectadas por la despoblación. La mayoría de las solicitudes buscan rehabilitar viviendas existentes, y la suma total destinada duplica la cantidad que ofrece el Gobierno de Aragón para este tipo de iniciativas, según indica Sánchez Quero.

Además del sector residencial, el plan +Provincia contempla 75 proyectos de mejora en parques y jardines con un presupuesto de 11,2 millones de euros, 43 proyectos destinados a mejorar los accesos a núcleos poblacionales con una inversión de 8,1 millones y 9 iniciativas de urbanización que totalizan 4,1 millones de euros.

Sánchez Quero enfatizó que esta iniciativa tendrá un impacto significativo en el empleo rural y en la calidad de los servicios que demandan los habitantes de la provincia.

Asimismo, el plan incluye 28 actuaciones para mejorar cementerios y construir salas de duelo valoradas en 2,6 millones de euros, 19 actuaciones para regular el tráfico que suman 2,2 millones, y 27 proyectos de renovación del alumbrado público que ascenderán a 2,1 millones. También se incluyen 15 iniciativas para optimizar la limpieza viaria, principalmente a través de la adquisición de nueva maquinaria, y otros proyectos relacionados con la seguridad, la gestión de residuos y la prevención de incendios.

Los fondos del Plan +Provincia se han asignado de manera escalonada, priorizando a los municipios más pequeños, que a menudo enfrentan más dificultades para proporcionar servicios dignos a sus ciudadanos.

Los montos de las subvenciones varían desde 240.000 euros para los municipios de menos de 150 habitantes hasta 2,5 millones de euros para ciudades de mayor tamaño como Calatayud y Ejea de los Caballeros. Cada ayuntamiento ha tenido la oportunidad de solicitar hasta tres proyectos distintos según sus necesidades específicas.

Con un enfoque plurianual que abarca hasta 2026, el plan +Provincia anticipa el 90% de los fondos para este año, mientras que el restante 10% se liberará tras la finalización y certificación de los proyectos. De esta manera, se adelantarán 111 millones de euros a los ayuntamientos, y se transferirán los 12 millones restantes el próximo año, facilitando así la ejecución de sus planes.

Entre los proyectos que se realizarán destacan la urbanización del vial A del polígono industrial San Antonio de Calatayud (1,4 millones de euros), la mejora de calles y accesos en Ejea de los Caballeros (846.000 euros), y la actualización de la comisaría de Policía Local en Tarazona, con un sistema de videovigilancia para puntos estratégicos (715.000 euros), entre otros.

Sin embargo, la exclusión de ciertos municipios ha dominado el debate en el pleno, donde se ha instado al equipo de gobierno a revisar las causas de su falta de inclusión y considerar formas legales para acceder a los fondos. La portavoz del PP, Mari Carmen Lázaro, si bien ha aplaudido la iniciativa, ha señalado la "falta de planificación" en la convocatoria y ha solicitado flexibilidad en los plazos de ejecución. Además, ha expresado su preocupación por la falta de solicitantes como Pedrola y Villanueva de Huerva, sugiriendo que podría tratarse de un error administrativo.

Por otro lado, el portavoz de Vox, Carlos Rodrigo, ha apoyado el plan, considerándolo "útil", aunque también ha mencionado las "injusticias" que han llevado a que ciertos municipios queden excluidos. Citó ejemplos como La Puebla de Alfindén, que cumplió con sus obligaciones a tiempo, y La Muela, donde la falta de respuesta del administrador concursal afectó su disponibilidad para optar a ayudas.

Nerea Marín, portavoz de En Común-IU, abogó por criterios objetivos y de justicia territorial en la distribución de estas ayudas, argumentando que no todos los municipios comienzan desde la misma base y que los recursos deben ser dirigidos donde más se necesitan. En alineación con su postura, Marín recordó que "donde gobierna la izquierda, se nota en la calidad de vida de la gente".

Similarmente, el diputado de CHA, José Manuel Latorre, ha afirmado que el plan +Provincia "está haciendo historia", aunque reconoció que su llegada en verano fue complicada para los pueblos, que carecen de personal suficiente. Latorre propuso que se considere un plan especial para los municipios que no tuvieron apoyo y compartió que muchas alcaldesas se presentaron en su despacho en estado de desesperación.

Ante estas inquietudes, Sánchez Quero defendió que la DPZ no es responsable de las exclusiones, afirmando que se seguirán las normativas pertinentes. Sin embargo, se comprometió a revisar los procedimientos y a evaluar las posibilidades legales para crear un plan que beneficie a aquellos ayuntamientos que no lograron acceder a estos fondos tan necesarios.