El 3 de diciembre en Zaragoza, el concejal Suso Domínguez del grupo municipal Zaragoza en Común (ZeC) ha expresado su rechazo al desalojo de 26 personas en situación de calle que habitaban el parque Bruil. De las personas desalojadas, 17 han aceptado refugiarse en el albergue municipal, mientras que el edil critica que las decisiones tomadas son meramente estéticas y no abordan la raíz del problema. "Dejen de lado las medidas superficiales y busquen soluciones habitacionales reales para estas personas”, afirmó.

La operación de desalojo fue ejecutada por un equipo municipal con la intención de realizar labores de saneamiento, desinfección y desinsectación en el parque Bruil, preparándose así para una posterior intervención paisajística como parte del plan Revive Bruil.

Domínguez ha señalado que el proceso de desalojo está ocurriendo sin que se ofrezcan alternativas habitacionales adecuadas para quienes han sido desalojados. Además, el concejal hizo hincapié en la posible violación de normativas que prohíben la privación de pertenencias personales, aseverando que durante este desalojo se han desechado propiedades de los afectados. Sin embargo, el Gobierno de la ciudad ha desmentido estas afirmaciones, asegurando que todos los objetos han sido trasladados al albergue.

El concejal también cuestionó la efectividad de las políticas del Gobierno local, mencionando que, a pesar de los anuncios realizados por la concejala Marian Orós, no hay opciones suficientes para las más de 250 personas que se encuentran sin hogar en Zaragoza, de acuerdo con un recuento reciente que contabiliza a 266 personas en esta situación.

“A pesar de que existen algunas plazas disponibles, muchas de ellas son temporales y solo estarán operativas durante el invierno, lo que las convierte en insuficientes para alojar a todas estas personas”, indicó. Además, criticó la actual parálisis e inacción del Gobierno de Zaragoza en relación con esta crisis social.

Por último, Domínguez recordó que desde ZeC han estado advirtiendo sobre el aumento de personas sin hogar durante los últimos dos años y medio sin respuesta por parte de las autoridades. “Nos enfrentamos a acciones que son un verdadero desastre, que no respetan los derechos de quienes allí residen, lo que consideramos una auténtica vergüenza”, concluyó en referencia al desalojamiento.