Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional han desmantelado un entramado criminal dedicado a la explotación de personal irregular en el campo. La operación ha culminado el pasado mayo, si bien se había iniciado en el mes de marzo con la detección de posible mano de obra en situación irregular que trabajaba para una gran empresa del sector agrícola en Sariñena (Huesca), Mallén, Quinto y Pina de Ebro, en la provincia de Zaragoza.

La primera de las inspecciones se llevó a cabo en la localidad de Quinto, donde fueron identificados una treintena de trabajadores, detectando que cinco de ellos portaban documentación de otras personas con las que le habrían dado de alta en la seguridad social.

Las investigaciones policiales y las declaraciones de los detenidos en situación irregular, determinaron que había muchas más personas que se encontraban en las mismas circunstancias, cobrando cinco euros por hora trabajada, sin seguridad social, en viviendas que no reunían los mínimos de habitabilidad, y siendo el resto del beneficio para los capataces y para los verdaderos titulares de la documentación quienes cobraban por prestarla, y les generaba subvenciones por desempleo y otros derechos de los trabajadores.

Durante el mes de mayo se realizó un gran despliegue policial en los municipios de Sariñena, Quinto de Ebro y Pina de Ebro, identificando a más de 40 trabajadores. Seis de ellos estaban utilizando la documentación de otras personas, corroborando así las sospechas de la Policía. En una de las zonas inspeccionadas, los trabajadores irregulares previamente alertados salieron a la carrera logrando esconderse para evitar ser identificados.

Como colofón se detuvo a los dos capataces que manejaban las contrataciones y a un empresario de reconocido prestigio, propietario de la empresa investigada. Los extranjeros titulares de los permisos de residencia y trabajo, llamados facilitadores, se encuentran diseminados por la geografía española. Sobre los que todavía no han sido detenidos consta una orden de búsqueda y detención.

También ha sido detenida la madre de un menor de 16 años nacionalizado español y de origen gambiano, que fue la que proporcionó el DNI de su hijo para que otro extranjero irregular lo utilizara de forma fraudulenta.

Los encargados de la empresa, vulneraban de forma flagrante los derechos laborales de los extranjeros en situación irregular, obligándoles a mal vivir en naves mal acondicionadas, a trabajar en condiciones por debajo de la normalidad laboral en cuanto a derechos, salarios, descansos, vacaciones, horarios y finiquitos e incluso siendo coaccionados a vacunarse y a trabajar para otros empresarios.

En colaboración con la Policía Nacional lo hicieron la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza y la de Huesca, quienes abrieron los correspondientes expedientes sancionadores por las irregularidades detectadas.

Esta noticia es un claro ejemplo de cómo aún hay empresas y empresarios que se aprovechan de la situación vulnerable de algunas personas, en este caso, de trabajadores irregulares para obtener beneficios a costa de vulnerar sus derechos laborales. La Policía Nacional ha desmantelado un entramado dedicado a la explotación laboral en el campo que, a pesar de haber sido detectado en marzo, no fue hasta mayo que se logró llevar a cabo la detención de los responsables gracias a una gran operación policial.

Los trabajadores se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que eran explotados laboralmente, recibiendo tan solo cinco euros por hora trabajada, sin los derechos laborales básicos, y siendo coaccionados para trabajar en condiciones peligrosas y poco rentables. Además, sus condiciones de vida eran lamentables, dado que vivían en naves mal acondicionadas que no reunían los mínimos de habitabilidad.

Es importante destacar que la Policía Nacional ha colaborado con la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza y la de Huesca en la apertura de los expedientes sancionadores correspondientes. Si bien la investigación sigue abierta ya que aún hay extranjeros titulares de los permisos de residencia y trabajo en situación irregular, y que continúan en la búsqueda y detención de estos facilitadores.

Esta noticia debe llamar a la reflexión sobre cómo el poder empresarial sigue siendo capaz de vulnerar los derechos laborales de personas en situación de vulnerabilidad. Esperamos que estas acciones criminales sean erradicadas y que estas personas puedan trabajar en condiciones dignas y seguras.