En Zaragoza, el 1 de febrero, Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, ha expresado su firme postura sobre la inmigración ilegal, proponiendo que se devuelva a los inmigrantes a sus países de origen y sugiriendo limitar la participación de las ONG que brindan apoyo a estas personas.
En una entrevista con Europa Press, Nolasco destacó su preocupación por la seguridad en ciertas áreas de Zaragoza, citando barrios como Zamoray-Pignatelli, San Pablo, El Gancho y Delicias, donde ha habido un incremento en la delincuencia, incluidos robos de maquinaria agrícola y incidentes violentos en localidades como Alcañiz y Calanda.
A su parecer, un enfoque efectivo para abordar la seguridad radica en utilizar el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos de deportación con otros países. Criticó al presidente aragonés, Jorge Azcón, por no haber limitado la actuación de ONG que, a su juicio, se benefician del tráfico de personas.
Nolasco afirmó que ciertos incidentes recientes, como los incendios en centros de menores no acompañados en Teruel, son consecuencias directas de la inmigración ilegal y desbordada. Su crítica a la reciente propuesta de regularizar a 500.000 inmigrantes se enmarca en su visión de la inmigración masiva como un problema urgente que debe ser abordado.
El candidato también cuestionó el respaldo que el PP y el PSOE otorgaron a la medida de regularización, sugiriendo que estas decisiones están más ligadas a intereses electorales que a una verdadera preocupación por la situación del país.
En relación a la ocupación ilegal de viviendas, Nolasco mencionó el reciente caso de un edificio en San Miguel que fue ocupado, criticando a la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, por no considerar esta problemática como prioritaria. Desde su perspectiva, la intrusión en propiedades ajenas no está siendo tratada con la seriedad que merece.
Con la llegada al poder de Vox, Nolasco prometió adoptar medidas drásticas para desalojar a ocupantes ilegales, sugiriendo que esto podría lograrse mediante la verificación de títulos de propiedad con la colaboración de las fuerzas policiales.
El candidato también expresó su descontento con la inversión de 900.000 euros en proyectos de cooperación internacional, cuestionando la utilidad de esos fondos en medio de la crisis económica que enfrenta Aragón. A su juicio, el enfoque del gobierno debería estar más centrado en mejorar la infraestructura y los servicios básicos que en iniciativas externas.
Asimismo, criticó el estado actual de la economía, haciendo hincapié en que la producción industrial en España ha decaído en comparación con décadas anteriores. Llamó a la urgencia de restaurar la soberanía económica y energética del país para enfrentar los retos actuales.
En un enérgico discurso, Nolasco acusó al presidente Pedro Sánchez de actuar de manera irresponsable, dejando a España en una situación precaria, y abogó por un cambio en las políticas que se han implementado en los últimos años, asegurando que no se puede permitir un "Sánchez 2.0" que replique decisiones dañinas.
En su visión, la recuperación de la esperanza para los ciudadanos pasa por asegurar acceso a una salud pública de calidad, así como facilitar la emancipación de los jóvenes a través de vivienda asequible y apoyo a los autónomos. Nolasco también enfatizó la necesidad de una política de inmigración más restrictiva y el fortalecimiento de las fronteras.
Por último, el candidato de Vox se mostró contrario al acuerdo entre la UE y Mercosur, argumentando que esto perjudica a los agricultores locales, quienes enfrentan una competencia desigual con productos importados de baja calidad. Criticó la llegada de productos alimenticios que no cumplen con los estándares sanitarios y sugirió que esta situación está contribuyendo a la desvalorización de la agricultura española.
En un tono de decepción, Nolasco concluyó su intervención hablando sobre la incoherencia política que observa entre las promesas hechas por los partidos y la realidad en Bruselas, reclamando que se respete a los sectores que sostienen la economía de Aragón y advirtiendo sobre el peligro que supone perder la identidad cultural en el marco de un sistema autonómico cuya eficacia pone en duda.
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