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"Nolasco impulsa la creación de una Oficina contra la Okupación ilegal en Aragón"

En Zaragoza, el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado que se han redactado los pliegos para la creación de la futura Oficina contra la Okupación Ilegal, la cual implicará un gasto plurianual.

Esta Oficina contará con delegaciones en las tres capitales de provincia y un único número de teléfono al que los afectados podrán llamar para recibir asesoría jurídica en todo el proceso.

Según Nolasco, se llevará a cabo una licitación entre profesionales del derecho para su funcionamiento, en el marco de un encuentro con la Plataforma de Afectados del Gancho-Pignatelli donde estuvo presente la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.

En 2023, en España se reportaron 15,289 denuncias por okupación, con un aumento del 8,9 por ciento en Aragón con respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior.

Nolasco ha destacado que los okupas no son familias vulnerables que requieren vivienda, sino criminales que deben ser juzgados y desalojados, por lo que la Oficina contra la Okupación Ilegal pondrá fin a sus acciones delictivas.

En el barrio de Zamoray-Pignatelli hay más de 20 edificios okupados ilegalmente, lo que representa una grave situación para los vecinos, que viven con miedo a diario.

Esmeralda Pastor ha criticado la falta de acción de las autoridades para combatir la okupación ilegal, calificándola como una "lacra" que atenta contra los derechos constitucionales.

Por su parte, Javier Magen, presidente de la Plataforma de Afectados Gancho-Pignatelli, ha alertado sobre la alta tasa de okupación en el barrio y sus consecuencias, como los peligrosos enganches ilegales a la luz que han provocado incendios en varios edificios.

En definitiva, la creación de la Oficina contra la Okupación Ilegal en Aragón es un primer paso para combatir esta problemática y garantizar mayor seguridad en la comunidad autónoma, según las declaraciones de las autoridades y representantes de la sociedad civil.