La reciente sesión plenaria de la Diputación de Zaragoza ha sido escenario de un debate crucial sobre la sanidad pública en la provincia. Los grupos políticos PSOE, En Común-IU y CHA han unido fuerzas para presentar una moción que busca abordar de manera integral la falta de recursos en el sistema de salud, haciendo hincapié en la necesidad de cubrir todas las vacantes existentes, con especial atención al Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha destacado la urgencia de esta reivindicación, señalando que el acceso a la sanidad pública debería ser un derecho garantizado para todos, independientemente de su lugar de residencia. Compés ha manifestado que este principio, aunque respaldado por la Constitución, dista mucho de su cumplimiento, especialmente en lo que respecta a la Atención Primaria y a la situación del hospital en Calatayud.

Además, Compés ha subrayado la alarmante falta de personal médico en Aragón, señalando que se requieren más de 250 médicos de familia y 1.500 enfermeros para alcanzar la media europea. También enfatizó la necesidad de incorporar más de mil trabajadores sanitarios para poder implementar jornadas laborales de 35 horas sin deteriorar la calidad del servicio, mientras más de 300 comisiones de servicio permanecen sin resolver.

Las carencias en el sistema son críticas, afirmó Compés, considerando que la situación en el Hospital Ernest Lluch, donde las listas de espera se están convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los pacientes, es insostenible.

Nerea Marín, diputada de En Común-IU, expresó su inquietud por lo que considera un desmantelamiento gradual de la sanidad pública, aduciendo que la tendencia actual favorece un modelo de colaboración público-privada que beneficia a empresas como Quirón y Ribera Salud, que gestionan servicios en varios hospitales de la región.

Desde el partido CHA, José Manuel Latorre también planteó su preocupación por la situación en el Hospital de Calatayud, donde la escasez de especialistas y el incremento de las listas de espera requieren una respuesta urgente del Gobierno de Aragón. Latorre aboga por una estrategia a largo plazo que aborde las necesidades específicas del entorno rural.

En el lado de la oposición, el popular José Manuel Gimeno reconoció que varios aspectos de la moción eran acertados, aunque se opuso firmemente a la cláusula que rechaza las externalizaciones, señalando que esta era una táctica política más del resto de los grupos para criticar al Gobierno del PP. Gimeno argumentó que la sanidad rural había sido descuidada durante la gestión del anterior Ejecutivo y aseguró que la falta de inversión ha llevado a la crisis actual.

Gimeno también rechazó el diagnóstico de que la crisis sanitaria es exclusivamente un problema local y sugirió que debería abordarse a nivel nacional, pidiendo al Gobierno de España que aumente las plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) en Aragón. Según él, el enfoque de la izquierda sobre las externalizaciones es repetitivo y no se puede permitir que los quirófanos permanezcan inactivos, ya sean públicos o privados.

Por su parte, Carlos Rodrigo, representante de Vox, aunque compartió la preocupación general sobre la sanidad en Aragón, indicó que no podía respaldar la moción en su totalidad, particularmente en relación con la eliminación de las externalizaciones, defendiendo la importancia de la colaboración entre el sector público y privado.