ZARAGOZA, 9 de noviembre. Izquierda Unida ha registrado recientemente una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, buscando esclarecer la situación de los pagos atrasados en su departamento y la preocupante falta de fondos que impide satisfacer las necesidades básicas de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria.

El portavoz de esta formación en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha denunciado que “el Gobierno está sumiendo a las escuelas públicas en una grave precariedad financiera que compromete su operación cotidiana”.

Según Sanz, el pasado 19 de septiembre el Departamento de Hacienda dio luz verde a una orden de disponibilidad de créditos que asciende a 1.484.935,50 euros, destinada a cubrir de forma parcial los costes operativos y las facturas del servicio de apoyo a aulas para niños de dos y tres años en la provincia de Zaragoza.

No obstante, ha subrayado que “este monto es claramente insuficiente para satisfacer las obligaciones financieras reconocidas, que sobrepasan los 2,3 millones de euros, y en dicha orden no se permite su ampliación”.

Las deudas pendientes relacionadas con el servicio de auxiliares de educación infantil desde enero hasta junio de 2025 alcanzan los 1.394.101,13 euros, mientras que los centros públicos han solicitado un total de 1.235.395,07 euros para cubrir sus gastos ordinarios del curso 2024-25, cuando el crédito disponible apenas alcanza los 240.553,90 euros.

“Mientras las retenciones de crédito persisten y no hay planes para ampliar la financiación básica, el Gobierno continúa destinando cada vez más recursos a la educación concertada, como se evidencia con su apuesta por la concertación del Bachillerato”, ha lamentado Sanz.

“Este escenario pone de manifiesto una falta de compromiso con la educación pública, que se ve forzada a operar en una atmósfera de incertidumbre y sin las garantías necesarias”.

Izquierda Unida exige al Ejecutivo autonómico que aclare cuáles son los pagos prioritarios con los fondos autorizados y cómo se pretenden afrontar las obligaciones que superan el crédito disponible.

La formación también ha demandado información sobre qué centros aún carecen de los recursos necesarios y qué repercusiones está teniendo esta falta de financiación en su funcionamiento diario.

“Reclamamos una rectificación en esta política presupuestaria y que se dé prioridad a la financiación de la educación pública, asegurando una enseñanza digna, inclusiva y de calidad para todo el alumnado”, concluyó Sanz.